El 30 de septiembre de 1992 se sancionó la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Ley Nº 24.156, comenzando un proceso de modernización, en el ámbito gubernamental, de la administración financiera, con el objetivo de crear una administración pública eficiente, utilizando los recursos públicos correctamente y ofreciendo servicios adecuados a las necesidades de los usuarios y de la comunidad.

"La administración financiera gubernamental es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible."

Esta reforma se implementó como respuesta a la situación que se describe a continuación:

• Desorganización de la administración financiera con la consecuente incapacidad para programar el gasto y racionalizar las decisiones fiscales. Falta de información confiable para la toma de decisiones.

• El presupuesto público no se utilizaba como instrumento de fijación de políticas y de asignación de recursos. No existía la administración presupuestaria.

• No existían normas que regularan el crédito público ni una organización que lo administrase.

• La Tesorería Nacional cumplía funciones de administración de una caja pagadora sin vincularse con los aspectos monetarios y financieros del Sector Público Nacional. La programación financiera se limitaba a la distribución de los fondos disponibles. Era habitual la asistencia financiera del BCRA al Tesoro en un contexto inflacionario.

• La contabilidad central no se hallaba integrada adecuadamente a las distintas ramas que la conforman y sólo brindaba información para posibilitar el control legal del uso de los recursos y para la elaboración de la Cuenta General del Ejercicio. No se generaba información oportuna y confiable sobre la gestión financiera pública, lo que originó el desarrollo de metodologías ad-hoc producto de los requerimientos de las autoridades correspondientes. La contabilidad no se regía por los principios generalmente aceptados y por consiguiente, no se obtenían balances, conforme el método de la partida doble. Se desconocía el monto de los activos públicos y de los pasivos reales y contingentes.

• La capacitación permanente de los recursos humanos en esta temática estaba descuidada.

• El sistema legal administrativo vigente no daba lugar a una participación del Congreso Nacional en decisiones claves del sector, tal es el caso de la administración presupuestaria o la del crédito público.

• El equipamiento informático era insuficiente y estaba desintegrado en lo que hace a sistemas y desactualizado en tecnología. Era escaso el soporte informático y prevalecían los medios manuales para gestionar el flujo de fondos del sector público.

La falta de integración de estos sistemas llevaba, a su vez, a la creación y desarrollo de sistemas de información propios y no homogéneos agudizando innecesariamente las particula-ridades.