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La Secretaría manifestó su honda preocupación por el grave retroceso en los derechos del pueblo jujeño y advierte que la consolidación del accionar autoritario del gobierno de Morales representaría una amenaza para el sistema democrático en la República Argentina.
Así lo hizo saber el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, en una carta enviada al gobernador Gerardo Morales. El funcionario señaló que recibió informes sobre al menos 20 personas heridas durante las manifestaciones y solicitó un diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis de Jujuy.
La delegación de la Secretaría en Jujuy extendió los horarios de recepción de denuncias
Debido a la preocupante situación que se vivió en Jujuy y la violencia desatada contra las y los ciudadanos que se expresan en las calles contra la reforma constitucional, la Secretaría de Derechos Humanos amplió los horarios de atención en su delegación para recibir las denuncias de víctimas de hechos de violencia institucional.
El juez local Jorge Zurueta solicitó a la policía provincial que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza y dispuso una instancia de mediación con todas las partes en conflicto.
El recrudecimiento del hostigamiento a la dirigente social se da, precisamente, en el contexto de la brutal represión desplegada por el Gobierno de la Provincia de Jujuy ante las protestas en rechazo a la reforma de la Constitución local. El Fiscal de Estado de Jujuy exigió a la justicia su traslado a una cárcel común. Esta presentación, en cabeza de un funcionario que depende de forma directa del Gobernador Gerardo Morales y que no cuenta con legitimación para intervenir en el proceso de ejecución penal, hace palmaria y evidente la persecución política a la que hace años se somete a Milagro Sala.
Estos hechos, que dan cuenta de una persecución judicial a personas que denunciaron la represión policial, han sido avalados por fiscales del Ministerio Público de la Acusación, por lo que solicitaron al titular del organismo que informe sobre las actuaciones y que garantice la seguridad e integridad de quienes se han animado a denunciar posibles ilícitos del Estado.