Los acuerdos de solución amistosa son mecanismos que permiten resolver denuncias ante los órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos mediante negociaciones y consensos entre la parte peticionaria y el Estado denunciado. En el marco de un espacio de diálogo, se definen las medidas de reparación de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por el Estado. Esta herramienta de solución de casos por la vía no contenciosa está prevista en el artículo 48.1.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hasta el momento, la República Argentina firmó 57 acuerdos de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”). La actual gestión de gobierno firmó 32 de ellos.

Estos acuerdos permitieron la reparación concreta de víctimas de violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, el impulso de medidas y políticas de trascendencia institucional. Entre ellas, la sanción de las primeras leyes de reparación económica por los crímenes del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar; la derogación del delito de desacato; la instauración de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de las personas migrantes y la generación de marcos de acción para profundizar la intervención del Estado frente a casos de violencia por motivos de género.

Los acuerdos de solución amistosa tienen la virtud de resolver los asuntos internacionales de manera más rápida que el litigio, evitando la revictimización y permitiendo reparar las consecuencias padecidas por quienes sufrieron violaciones de derechos.

El diálogo inicia y termina por voluntad de ambas partes y requiere espacios de articulación con distintos actores públicos y privados, para la adopción de una gran variedad de medidas de reparación. Esas medidas son construidas en conjunto por las víctimas, sus representantes y los Estados, y pueden incluir, entre otras:

• el reconocimiento de responsabilidad estatal por las violaciones de derechos alegadas;
• acciones de atención médica, psicológica y acompañamiento social;
• impulso de investigaciones administrativas y/o judiciales;
• instancias de capacitación para agentes estatales de distintas dependencias en diversas temáticas del derecho internacional de los derechos humanos;
• medidas de reparación económica; y
• reformas legislativas o adopción de políticas públicas (como garantías de no repetición)

Las víctimas y el Estado también pueden arribar a acuerdos de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en aquellos informes de fondo en los que concluye que el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos en determinado caso. Estos acuerdos tienen lugar durante la denominada “etapa de transición”, es decir, cuando la CIDH notificó su informe al Estado y aún no lo hizo público, mientras corre un plazo para que cumpla con sus recomendaciones. Las partes pueden acordar medidas específicas de reparación orientadas a lograr la ejecución de esas recomendaciones, y también definir las modalidades de cumplimiento. La CIDH, por su parte, evalúa las reparaciones convenidas y su grado de ejecución, y decide si homologa o no el acuerdo de cumplimiento. De este modo, el Estado evita que el caso sea remitido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Argentina ha firmado 13 acuerdos de cumplimiento de recomendaciones, de los cuales 10 se firmaron desde diciembre de 2019.

A su vez, el Estado argentino firmó siete acuerdos de solución amistosa ante órganos de tratados de Naciones Unidas (ONU). En concreto, se firmaron cuatro acuerdos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), y otros dos acuerdos ante el Comité de Derechos Humanos. En 2022, la Argentina firmó su primer acuerdo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En definitiva, desde diciembre de 2019 se promovió una política inédita de soluciones amistosas y reparación a las víctimas en la República Argentina. Hasta 2019, se habían firmado 32 acuerdos en total. En los 3 años que lleva la actual gestión de gobierno, se firmaron otros 45 acuerdos de solución amistosa o de cumplimiento de recomendaciones.