Estos documentos estudian la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina, a partir del examen de un arco de prácticas empresariales de represión a los trabajadores en empresas situadas en distintas regiones del país.

Estas prácticas, tanto por sus características propias, como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado al vincularse con los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores, se configuran como delitos de lesa humanidad.