¿Qué son las finanzas sostenibles?

Las finanzas sostenibles amplían el enfoque de las empresas a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, además de los económicos.

En cuanto a cuestiones ambientales de las empresas, se incorporan los riesgos y las oportunidades asociadas. Por ejemplo, la gestión de los recursos naturales, la prevención de la contaminación, la adaptación y mitigación del cambio climático, entre otros.

Los factores sociales se refieren a la consideración de los riesgos y las oportunidades sociales que pueden incidir en el desempeño del negocio. Por ejemplo, la relación y las políticas de la empresa con sus trabajadores y trabajadoras, los grupos de interés, la comunidad y las autoridades.

En cuanto a los principios de gobernanza, se hace referencia en considerar cómo cada empresa gestiona su gobierno corporativo. Por ejemplo, en lo que se refiere a la divulgación de información relevante a sus accionistas, la rendición de cuentas, la diversidad en la conformación del órgano de administración, la independencia de los/as directores/as y su remuneración, la estructura de la organización, la estrategia fiscal y de transparencia y los programas anticorrupción, entre otros.

La CNV tomó un rol preponderante en la promoción y fomento de las finanzas sostenibles con la creación de los Lineamientos para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina.

Junto con otros actores del sector público, forma parte de la Mesa Técnica para el Desarrollo de las Finanzas Sostenibles liderada por el Ministerio de Economía, que representa una instancia permanente para el intercambio de información, discusión, coordinación y evaluación de acciones, estrategias y actividades, con el objetivo general de desarrollar la sustentabilidad en el país.

En cuanto a los factores de gobernanza, en 2019 la CNV reformó el Código de Gobierno Societario, con el objeto de crear una cultura organizacional con buenas prácticas de gobierno corporativo y proteger los derechos de los inversores, de los acreedores y del público en general. El nuevo Código plantea los aspectos medioambientales y sociales como transversales a las buenas prácticas de gobernanza, y refuerza el enfoque de integridad y ética en las empresas.