La Superintendencia de Seguros de la Nación es el organismo del Ministerio de Economía que supervisa las actividades de los productores, intermediarios, entidades de seguros y reaseguros en la República Argentina. Controla las actividades de evaluación e inspección de los operadores del mercado para proteger a los asegurados, garantizar el cumplimiento de las legislaciones y regulaciones vigentes y desarrollar un mercado sólido, transparente y eficaz.

Valores de nuestra Organización

La Superintendencia de Seguros de la Nación es la Autoridad de control de todos los entes aseguradores (cfr. Capítulo II de la Ley N° 20.091).

La actividad del Organismo comienza formalmente el 4 de agosto de 1938, siendo el primer Superintendente de Seguros el Dr. César Sáenz.

En forma sucesiva se fueron dictando las normas legales que, vigentes en nuestros días, conforman el marco de desenvolvimiento de la actividad aseguradora.

La Ley 17.418 del 30 de agosto de 1967 es el instrumento que legisla sobre la naturaleza y características del contrato de Seguros.

Posteriormente, el 11 de enero de 1973 se promulga la Ley 20.091 que regula el régimen de funcionamiento de las entidades aseguradoras y su contralor.

Por último, el 11 de febrero de 1981 se promulgó la Ley 22.400 que establece el marco de actuación de los Productores Asesores de Seguros.

Sobre la base de este cuerpo jurídico la Superintendencia de Seguros de la Nación genera las disposiciones reglamentarias que regulan los aspectos particulares de su gestión.

Actualmente los esfuerzos de supervisión del Organismo hacen especial hincapié en el control preventivo, detección del fraude en todo el país y la solvencia de las entidades bajo su jurisdicción con el propósito de proteger a los asegurados, con la puesta a disposición de las herramientas informáticas disponibles al servicio de la transparencia y accesibilidad de todos los actores del mercado del seguro.

Por ello, son valores compartidos de la Superintendencia de Seguros de la Nación y, por ende, de su personal:

• Accesibilidad y transparencia de todos sus sistemas para el ejercicio de la actividad
• Ecuanimidad, independencia, reserva y probidad de sus funcionarios y empleados en el desempeño de las tareas asignadas
• Cumplimiento de la Ley de Ética N° 25.188 y todo el plexo normativo sobre ética, declaraciones juradas patrimoniales, Régimen de Obsequios e incompatibilidades.