El Servicio Penitenciario Federal reconoce sus orígenes orgánicos como repartición estatal, en la Ley 11.833 de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena de 1933, obra del Dr. Juan José O'Connor", destacado funcionario y penalista, que abogó por el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 18: "(…) Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice."

Recordar que el Cabildo de Buenos Aires ya fue utilizado como lugar de detención de quienes habían quebrantado las normas en la época de la Revolución de 1810 es, además de sorprender a muchos, señalar que la cárcel acompañó desde los albores de la nacionalidad el desarrollo del país cumpliendo la función que la sociedad le encomendó a través de los tiempos.

Mientras que la Argentina crecía, las cárceles nacionales o federales hicieron lo propio en el cumplimiento de su función con un sesgo institucional nítido: la humanización de la pena.

Muy atrás quedaron los “barracones infames” de alojamiento de presos en las cárceles del sur del país, como los calificó quien mejor las conoció a partir de la segunda década del siglo anterior, el ilustre penitenciarista argentino Juan José O´Connor. Y más de seis décadas transcurrieron desde que, por iniciativa del entonces director general de Institutos Penales, Roberto Pettinato, se eliminaron los grilletes de sujeción y el traje a rayas que uniformó a los internos hasta fines de la década del 40.

Ya desprendidas de estos y otros emblemas de castigo, las cárceles federales avanzaron a un ritmo que las convirtió en pioneras de América del Sur y Central en abandonar el sistema de la reclusión por la reclusión misma, tan inútil para el preso como para la sociedad a la que retornaría para incorporar las premisas resocializadoras.

Este nuevo sentido de la pena, edificante, superador, creció y acompañó la madurez institucional de la Argentina y las nuevas demandas hacia el sistema penitenciario que a esta altura formula una dinámica de reflexión social impulsada por la revolución que han planteado las comunicaciones en tiempo real.

Esa demanda de disminuir el castigo para atender el esfuerzo recuperador, resocializador, del hombre y la mujer encarcelados, sigue creciendo cada día a través de las modalidades de oferta educativa, de atención médica, de asistencia social y laboral que se pone al alcance de condenados y procesados alojados en las unidades del Servicio Penitenciario Federal.

Heredero de la Dirección General de Institutos Penales creada por la ley Nº 11.833 “De Organización Carcelaria y Régimen de la Pena”, del año 1933, el Servicio Penitenciario Federal hoy encuadrado por el articulado de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660, reafirma la premisa resocializadora del tratamiento de los internos que impregna su historia.

Es decir, confirma la premisa con la que las cárceles federales acompañó la historia nacional: la humanización de la pena.

A través de su historia, se trata de revertir muchos años de ocultar la cárcel para negar una realidad que forma parte de la sociedad a la que sirve. A través de este repaso, se espera transmitir este sentido humano del penitenciarismo federal argentino asociado a su trayectoria institucional.