Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información Pública


La Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275 que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017 ordena la creación de órganos garantes en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa.

Estos órganos cuentan -por mandato legal- con garantías de independencia funcional y autarquía financiera, manteniendo entre ellos una relación inter-pares, dado que no existe una dependencia jerárquica.

Con el objeto de generar un espacio de intercambio, cooperación y articulación entre las áreas de acceso a la información de los distintos poderes del Estado Argentino, el Decreto 899 del 2017 creó, en la órbita de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información Pública.

El rol de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, en el marco de esta Mesa de Coordinación, es facilitar el diálogo inter-agencias, sin intervenir en sus funciones y su independencia, y buscar recursos para plasmar esa coordinación en acciones concretas.

Así fue que surgió una Acción de Trabajo financiada por Eurosocial+, el programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, que busca fortalecer a las Agencias de Acceso a la Información, a través de la Mesa de Coordinación.

En el marco de ese acuerdo, se han llevado a cabo distintos talleres de trabajo, con distintos objetivos:

  • Diseño de un sistema de medición transversal a todos los poderes, para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública
  • Diseño de un sistema para compartir jurisprudencia entre las Agencias de Acceso a la Información Pública.
  • Diseño de un modelo de coordinación entre órganos garantes de Acceso a la Información Pública
  • Diagnóstico para el diseño de un Modelo de Gestión Documental hacia el interior de los sujetos obligados por la Ley 27.275.