El Comité interjurisdiccional del río Colorado (COIRC0) fue creado en 1976 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Mediante ese Comité las provincias asumieron la responsabilidad de poner en marcha el Programa único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado, tendiente a una distribución razonable y equitativa de sus aguas para beneficio común.

Desde 1957 funcionó en la Cuenca del Río Colorado la Comisión Técnica Interprovincial con la finalidad de estudiar todo lo relativo a la regulación, aprovechamiento y distribución de las aguas de la Cuenca del Río Colorado.

Ejecutivo Nacional la colaboración de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a tal fin. Concretados los trabajos pertinentes, con la activa participación de las cinco provincias, se elaboró un modelo que permitió la selección del programa que hoy orienta el desarrollo de toda la cuenca conforme a lo acordado en la VI Conferencia de Gobernadores de 1976. El órgano superior del COIRCO es el Consejo de Gobierno que preside el Ministro del Interior e integran los Gobernadores de las cinco Provincias signatarias. La actividad administrativa y técnica es desarrollada por un Comité Ejecutivo conformado por delegados de las provincias y presidido por el representante de la Nación, con la asistencia de las respectivas gerencias.

Entre otras atribuciones, el COIRCO debe:
Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en el Programa Único Acordado.
Controlar que el proyecto, la construcción y los planes de operación y mantenimiento de las obras de derivación, regulación e hidroeléctricas, así como el caudal y salinidad de los retornos de las obras de regadío, se adecuen a lo previsto en el mencionado programa.

Realizar estudios sobre los ecosistemas evaluando, determinando e informando con antelación el impacto ambiental de los programas a ejecutar.
Desarrollar programas de calidad de aguas que garanticen el suministro para los diferentes usos (agua potable, irrigación, ganadería e industrias), y la protección de la vida acuática. Priorizar las obras de regulación; disponer y obtener información en la Cuenca (meteorológica, hidrológica, sedimentológica, geológica y cualquier otra que se relacione con el Programa Único Acordado).

Completar los estudios y la evaluación de los recursos hídricos.
Ajustar los caudales derivados por las provincias ribereñas, cuando las variaciones del derrame así lo impongan.
Decidir los reajustes al Programa Único Acordado, de conformidad al grado de conocimiento de la cuenca y su comportamiento en la distinta etapas de su ejecución.