El Senado convirtió en ley -por unanimidad- la modificación del artículo 72 del Código Penal de la Nación que ahora permite que el Estado intervenga de oficio en causas de abuso infantil. Antes se consideraba como delito privado. Con esta modificación, el Estado nacional puede actuar “de oficio” en este tipo de delitos porque se catalogó al “abuso sexual de infantil como un delito de acción pública y permite investigar sin que los padres ratifiquen la denuncia”.

“La reforma representa un paso firme en el camino para garantizar el goce pleno de los derechos de la infancia. Según las estadísticas, 7 de cada 10 agresores sexuales son personas del ámbito familiar del niño, niña o adolescente”, afirmó la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez.

La acción pública significa que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de investigar el delito de oficio, sin perjuicio de la opinión de la víctima.

Esta modificación, entonces, viene a clarificar la obligación de investigar en caso que el delito contra la integridad sexual fuera cometido contra una niña, niño o adolescente. Ahora el fiscal está obligado a intervenir, independientemente de la voluntad de sus progenitores o de cualquier adulto responsable.

Cada mes “se denuncian 128 casos de abuso sexual infantil”, informa Rodríguez. Cuando se analiza el “género y la edad se desprende que la proporción de víctimas de sexo femenino se incrementa en la medida que aumenta la edad”.

Hablar es empezar a prevenir

Rodríguez detalló “el cambio de paradigma en el Derecho Penal que da lugar a que la palabra de la víctima sea escuchada”, con la sanción el año pasado de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Esa ley “refuerza el marco normativo de protección de derechos para los afectados por los delitos”, explicó la funcionaria.

Por eso se creó también la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, que a través del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) incorporó líneas y programas de atención y acompañamiento para las víctimas de delitos, brindando asesoramiento jurídico, psicológico y social.

“Visibilizar el abuso es el primer paso fundamental”, destacó Rodríguez. Y afirmó que “los ciudadanos tienen que sentirse respaldados por la máximo estructura social, saber que sus problemas son escuchados y atendidos por el Estado”.

Por último, agregó que “es necesario generar un sistema único de datos, la cooperación entre las instituciones y especialmente ofrecer espacios adecuados de denuncia para que todos sean escuchados porque hablar es empezar a prevenir”.

Cómo denunciar

La campaña “Hablar es empezar a prevenir” propicia que los ciudadanos empiecen a conversar sobre la problemática del abuso sexual infantil, para que deje de ser parte de la esfera de la vida privada. Al visibilizarla se logrará generar las políticas públicas adecuadas.

Cualquier actitud de una niña, niño o adolescente que genere duda en familiares, amigos o docentes puede ser consultada a las profesionales especializadas en la línea gratuita 0-800-222-1717.

La línea no implica denuncia. El llamado puede ser anónimo o también se puede consultar por mail al [email protected]

La información y asesoramiento son las herramientas más importantes para prevenir que una niña, niño o adolescente pueda estar siendo victimizado.