A lo largo de dos días, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, recorrió los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) ubicados en la provincia de Chaco. “Ha sido muy satisfactoria la visita. Ya contamos en todo el país con 90 CAJ donde trabajamos en el empoderamiento legal de las poblaciones más vulnerables”, señaló la funcionaria.

Rodríguez estuvo acompañada por el director Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gustavo Maurino y la directora Nacional del Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID), Natalia Figueroa.

Durante la primera jornada, las autoridades visitaron Juan José Castelli y Presidencia Roque Sáenz Peña.

Allí, se concretó una reunión con los equipos para hacer un seguimiento del trabajo en territorio. Y participaron de un operativo del programa “El Estado en tu barrio”, en localidad de Machagai, para difundir el servicio de asistencia jurídica que se presta en los CAJ.

“Los centros cuentan con equipos interdisciplinarios (abogados, trabajadores sociales y psicólogos) y asisten a las personas en problemas socio-legales cotidianos en las poblaciones de mayor exclusión social. Resolvemos así inconvenientes como, por ejemplo, la tramitación de una Asignación Universal por Hijo cuando se tiene un problema con la documentación. En los CAJ se resuelven este tipo de dificultades”, señaló Rodríguez.

“Los CAJ han logrado en estos últimos años difundir sus servicios, acercarse a las comunidades más necesitadas, estar presentes en los centros de salud, o en las oficinas de ANSES, asegurándonos de estar donde es necesario. Ha sido un gran progreso el acercar los servicios y que los vecinos sepan que el Estado está para ayudar, y que hay profesionales bien capacitados para poder hacerlo”, aseguró, por su parte, Maurino.

La ayuda a las víctimas

En el curso de la segunda jornada, los funcionarios concurrieron al CAJ ubicado en el centro de Resistencia. En esas instalaciones fueron recibidas organizaciones de víctimas de delitos, como la Fundación Gastón y la agrupación ciudadana Padres en la ruta.

El propósito: proporcionar mayor información sobre la implementación de la Ley de Protección Integral y Derecho de las Victimas de Delito, y los mecanismos de asistencia que se están poniendo en marcha a través del CENAVID.

En la actualidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación acerca asesoramiento a quienes son víctimas de un delito y por barreras sociales o culturales no están informadas sobre el ejercicio de sus derechos.

“El año pasado se sancionó la Ley de Víctimas, que ha sido un logro muy importante de este colectivo de víctimas: el poder tener participación en los procesos de ejecución penal, contar con asesoramiento, cumplir con esta deuda pendiente que teníamos en la Argentina respecto a la especial consideración y apoyo que requiere cualquier persona que sufre un hecho que la convierte en víctima de un delito”, sostuvo Rodríguez.

Y agregó: “De alguna manera el sistema siempre estuvo focalizado en la desigualdad del poder que hay entre el Estado y quien puede ser imputado del delito, con un sistema muy profuso de garantías que es necesario sostener. Pero era más ausente en la figura de la víctima, que se la veía casi como un objeto de prueba y que luego fue adquiriendo otro protagonismo. Esta ley le impone al Ministerio de Justicia brindar a través del CENAVID una asistencia en el territorio a todas las víctimas de delitos”.

Profundizar políticas

Rodríguez explicó que “hay mucha gente que necesita asesoramiento legal, que no sabe a dónde recurrir, que se encuentra en un situación de tener que reclamar un cuerpo, y se topa con una ausencia de contención, y por eso tenemos estos CAJ en los que trabajamos muchas más dimensiones y problemas socio-legales cotidianos, en un amplio espectro”.

La funcionaria indicó que se está profundizando este servicio a través de la articulación de los CAJ y el CENAVID “con un nivel de mayor profundidad y de presencia del Estado, con una línea especial para víctimas, la 149. Contamos con equipos que incluso pueden viajar si hay que hacer una asistencia especial en alguna cuestión, con comunicación directa con los poderes judiciales”.

“Estamos escuchando mucho a las víctimas, porque una línea de trabajo que tenemos desde el Ministerio es no planificar políticas públicas sin tener, en la dimensión de ese trabajo, la voz de quienes son los destinatarios de dichas políticas”, añadió.

Los funcionarios nacionales participaron de reuniones con autoridades del Poder Judicial chaqueño: con la jueza María Luisa Lucas y con María Belén Alemis Donato, del Tribunal Superior de Justicia y a cargo de la reforma del proyecto del código procesal penal chaqueño. Figueroa relató que estuvieron reunidas con Roberto Acosta, ministro de Desarrollo social, y con la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julieta Tallara.

“Visitamos las instalaciones de la línea 137, en el marco de la federalización del Programa Las víctimas contra las violencias; también funciona allí la línea 102 de niñez. Fuimos también a un hogar en el que asisten a víctimas de violencia de género y trata de personas. Y estuvimos desarrollando diferentes acciones tendientes a implementar mecanismos de acceso a la Justicia a víctimas de delitos, que es nuestra preocupación diaria y es en lo que estamos todos enfocados para trabajar”, señaló la directora del CENAVID.