El hecho de violencia institucional ocurrió durante una salida que mantuvo Correas con cinco amigos.

La víctima recibió un impacto de arma de fuego que le ocasionó la muerte minutos después de llegar al sanatorio Aconcagua donde, además, se negaron a atenderlo.

Los policías dispararon a la altura de la luneta sus armas reglamentarias, mientras el auto se alejaba con cinco jóvenes adentro. Una de esas balas terminó con la vida del menor, pero se encontraron tres impactos más en el vehículo.

Los dos policías autores de los disparos ya se encuentran detenidos e imputados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego. A su vez, el Gobierno de la provincia de Córdoba les abrió el respectivo sumario administrativo para separarlos de la fuerza.

La Secretaría de Derechos Humanos trabaja en una Ley Integral contra la Violencia Institucional, que incluye los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, establecidos por el organismo de Naciones Unidas. Estos principios señalan que “los policías sólo pueden disparar armas de fuego si resulta ‘inevitable’, y deben hacerlo siempre con ‘moderación’ y ‘proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga’, teniendo como premisa máxima la protección de la vida humana”.

Desde la Cartera de Derechos Humanos se promueve, además de las sanciones penales y administrativas, la formación democrática y profesional de las fuerzas de seguridad para evitar que estos casos se repitan; y así, desterrar la “doctrina Chocobar”, aplicada durante la gestión anterior.

Desde la gestión de la Secretaría se brega por el compromiso de toda la sociedad y de las fuerzas políticas para promover verdaderas políticas de Estado contra la violencia institucional que sean pisos mínimos, independientemente del gobierno de turno.