El acuerdo suscrito entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, busca fortalecer la estructura institucional de la provincia mediante el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas destinadas a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal que hayan agotado su condena o están bajo libertad condicional.

La cartera nacional destinará $1.191.531 para garantizar la reintegración social mediante la incorporación de profesionales del área de trabajo social, abogacía, sociología y carreras afines a la formación académica de las personas que accedan al programa. El convenio estipula que las partes implementarán mecanismos efectivos de supervisión y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena.

Este es el segundo convenio de características similares entre el ministro Soria y la provincia de Tucumán, el primero se firmó durante el 2022. En ambas oportunidades, el desarrollo y ejecución de esta iniciativa estará a cargo del Patronato de Liberados de la provincia.

Durante el encuentro, los funcionarios analizaron el avance de las obras penitenciarias que está desarrollando el gobierno provincial, que se complementan con el resto de las alcaidías en marcha en Tucumán que cuentan con financiamiento del Gobierno Nacional.

Al respecto, el ministro Agüero Gamboa destacó la importancia de las 2 nuevas alcaidías que se están construyendo en las localidades de Tafí Viejo y en la Banda del Río Salí. Una vez terminadas estas obras, el sistema penitenciario tucumano incorporará 500 plazas para alojar internos. Asimismo, destacó el progreso de la construcción del nuevo establecimiento penitenciario Benjamín Paz -ubicado en el departamento de Trancas-, infraestructura clave para el sistema penitenciario tucumano ya que permitirá alojar 1200 detenidos dentro del establecimiento.