El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, inauguró el flamante “Centro Nacional de Monitoreo de Tobilleras Electrónicas” en la sede Costanera Sur del ministerio de Justicia.

El nuevo centro monitorea a las personas con arresto domiciliario y a víctimas y victimarios en casos de violencia de género. Opera las 24 horas y los 365 días del año y además cuenta con un equipo integrado por psicólogos y trabajadores sociales.

En el marco de la plataforma Justicia 2020 -que en una de sus contables iniciativas plantea la “incorporación de mecanismos alternativos a las penas privativas de la libertad”-, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, a cargo de Mariel Viladrich, elaboró estadísticas del trabajo realizado a partir de junio de 2015 a enero de este año en el cual se utilizaron o se colocaron un total de 1205 dispositivos.

En detalle, según datos de la dirección, en el año 2015 había 44 personas con dispositivos electrónicos. Al año siguiente, la cifra llegó a 278 personas y en 2017, se triplicó el número alcanzando las 646 personas controladas por vigilancia electrónica. Esto marcó el “crecimiento” del número de personas incorporadas que “se incrementó 35 veces”, explicaron.

Mientras que en la actualidad hay 760 personas con dispositivos activos y más de 2400 comprometidos para las 21 provincias donde el Ministerio firmó convenio.

La ampliación del programa se produjo en el marco del Plan Federal de Asistencia Técnica y Financiera a través del cual el Ministerio firmó Convenios de Cooperación y Colaboración en 21 provincias: el organismo que conduce Garavano puso a disposición “2440 dispositivos de vigilancia electrónicas. Hoy, ya se entregaron 1868 dispositivos”.

“El abordaje interdisciplinario por parte del equipo psicosocial de la Dirección, desde una perspectiva de género y derechos humanos, es una herramienta de utilidad prioritaria en el proceso de integración social para lograr un impacto positivo en la calidad de vida de las personas”, explicó Viladrich en relación a las acciones que contribuyen al proceso de reinserción social.

¿Cómo se gestiona la tobillera?

Viladrich explicó que el primer paso para que una persona privada de su libertad obtenga un dispositivo electrónico es la “solicitud judicial”. Luego, se realiza por los equipos de trabajo en territorioun “informe de viabilidad” de requisitos técnicos para la implementación del mecanismo y de condiciones sociales y ambientales, así como la posterior “colocación del dispositivo”. A partir de ello, se realiza un “acompañamiento psicosocial” por el equipo del ministerio y la posterior “supervisión” de la medida alternativa otorgada por la Justicia y puesta en marcha por el Ministerio.

En tanto, el “Protocolo de asignación prioritaria del dispositivo electrónico” que prevé la resolución MJYDH 808/16, además de la ley de ejecución penal y el Código Penal, establece una “prioridad” para “colectivos” de personas en condiciones de vulnerabilidad y que se encuentran privadas de su libertad. A saber: las mujeres embarazadas, las mujeres madres de niños/niñas menores de 5 años o entre 5 y 10 años, las personas con discapacidad o las madres a cargo de personas con discapacidad, así como los/las internos enfermos que requieren tratamiento hospitalario o con una enfermedad terminal, los adultos mayores de 70 años, y los/las internos/as perteneciente al colectivo LGTB, entre otros/as.

Género y situación procesal

De las personas en arresto domiciliario y otras modalidades de detención, con dispositivos de monitoreo electrónico y siguiendo con los números, en materia de género, un 58 por ciento lo integran los “varones” y un 42 por ciento las “mujeres”. Mientras que en el plano de la situación procesal de las personas que utilizan el dispositivo electrónico: el 30 por ciento son personas “condenadas” y el 63 por ciento “procesadas”, mientras que el resto del porcentaje restante es “sin especificar” por la Justicia que aportó la información.

¿A qué se debe el notable incremento de las personas incorporadas al programa?

El incremento se debe a la permanente articulación de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. En este sentido, se generaron acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al Poder Judicial, así como reuniones de trabajo con jueces y secretarios.

También se orientó y fomentó con el poder judicial, la utilización de medidas alternativas a la prisión con vigilancia electrónica que ofrece esta dirección. Así como se relevaron las condiciones de detención de mujeres que se encontraban en condiciones de acceder a una prisión domiciliaria por ejemplo en la cárcel de Güemes en Salta, en el complejo penitenciario de Ezeiza y la U. 13 en La Pampa.