El ingreso de Argentina a este organismo de cooperación internacional es un objetivo de la actual gestión, que se propuso cumplir con las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE, entre ellas que el sistema jurídico argentino pueda sancionar no solo a los individuos sino también a las empresas y otras personas jurídicas que cometan delitos de corrupción. En este contexto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, elaborado por la OA, ya que hasta el momento Argentina es el único país que ratificó la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional que no adoptó un régimen de sanciones a las personas jurídicas que sobornan funcionarios públicos en transacciones internacionales.

En el panel principal expusieron la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, y el Director de la División Anticorrupción de la OCDE, William Loo. Alonso afirmó que el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas “no busca penalizar sino incentivar buenas prácticas” y destacó que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados abarca casos no sólo de soborno transnacional sino también delitos de corrupción local. De esta forma, la titular de la Oficina Anticorrupción auguró una coalición entre el sector público y el sector privado por la transparencia y el desarrollo: “Vamos a poner al sector privado de Argentina en una economía global y abierta. Van a salir a competir con los mejores estándares. Esto es como un tango: el sector público y el privado tiene que bailar el tango de la integridad”.

Alonso enfatizó los avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tanto en materia legislativa como en el diseño de políticas públicas. En especial, elogió la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, el decreto de Datos Abiertos firmado por el presidente Mauricio Macri que permite publicar información sobre la situación patrimonial de los funcionarios y la reciente aprobación de la Ley del Arrepentido para casos de corrupción, que incorpora como novedad un procedimiento para el acuerdo de colaboración eficaz. Además, señaló que “la recuperación de la credibilidad de las estadísticas es un tema no menor para llevar a cabo políticas públicas para el desarrollo”. “Es importante valorar el esfuerzo que se viene realizando, hacía muchos años que no se hacía nada. Nos congratulamos de todo lo que se ha hecho este año. Se ha hecho mucho más de lo que habitualmente se dice”, sostuvo.

Entre los organismos que participaron de la actividad también estuvieron la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), la Embajada Británica en Buenos Aires, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Cámara de Comercio Argentina-Británica (CCAB) y el Club Americano de Buenos Aires.