El jueves 29 de abril se realizó de manera virtual la segunda reunión del Consejo Asesor en el marco de la revisión y evaluación de la nueva Estrategia Nacional de Integridad (ENI).

La Estrategia Nacional de Integridad apunta a privilegiar una visión estratégica, integral y federal, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos e ilícitos contra la administración pública.

El encuentro tuvo como temas centrales la presentación del estado de situación respecto a la evaluación de las iniciativas, los lineamientos y agenda de trabajo de la ENI, así como la puesta en común de los principales ejes y propuesta de Reglamento del Consejo, por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI) dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En este marco, Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de Integridad y Transparencia de la SSFI contó que “durante enero y febrero de este año se le envió a los organismos el análisis de las iniciativas que habían presentado en el Plan Nacional Anticorrupción”. “Luego hicimos una actividad virtual donde les explicamos los pasos a seguir y generamos una agenda de trabajo”, agregó el funcionario para también recordar que “las iniciativas originales tenían definiciones muy amplias, abstractas, carentes de precisiones, y eso fue algo que nos motivó a que pensáramos en la evaluación sustantiva, también queríamos ofrecer a los organismos un esquema claro para la formulación de las nuevas iniciativas que deberían ser parte”, de allí que “propusimos una metodología de trabajo con el fin de que las iniciativas puedan ser evaluadas, monitoreadas por nosotros y por el Consejo Asesor”, a través del Mapa de Acción Estatal.

Más adelante, Natalia Torres, Directora Nacional de Ética Pública de la OA, explicó que en este proceso de revisión “nos estamos juntando, el equipo de la OA y Jefatura, con los organismos para ir viendo qué análisis hacen de los informes que les enviamos y de las iniciativas que quieren incorporar” porque “sabemos que estas conversaciones nos permiten arribar a propuestas que resultan de utilidad y sean verdaderamente estratégicas para la incorporación de la perspectiva de integridad en la gestión pública”. Además, Torres remarcó: “queremos tener un documento de planificación estratégica que reúna aquellas iniciativas que son transformadoras, potentes, con mirada federal y con vinculación con compromisos internacionales”. En el final de su explicación, la funcionaria dijo: “para que la política de integridad tome color y textura en cada uno de los organismos, es importante que cada organismo desarrolle un espacio específico en el que pueda desarrollar políticas de integridad”.

Luego del intercambio entre los integrantes del Consejo Asesor sobre las diferentes miradas y consultas respecto al trabajo planteado, Luis Villanueva subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, explicó la propuesta de Reglamento Interno del Consejo, el cual fue puesto a disposición para ser analizado y pueda ser comentado por parte de sus miembros. Uno de los ejes de la propuesta, contó Villanueva, es “facilitar espacios de diálogo y articulación de organismos públicos con el Consejo. Creemos que vale la pena la articulación y el diálogo entre el sector público con las organizaciones de la sociedad civil”.

El cierre de la reunión estuvo a cargo de Beatriz de Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JGM, quien expresó que se trata de construir “herramientas de planificación, monitoreo y evaluación para que las respuestas que damos a los problemas públicos resulten apropiadas”. La funcionaria también resaltó que una de las capacidades estatales es la relacional y “nosotros la ponemos en práctica en tres dimensiones: una capacidad de coordinación y articulación entre las diferentes organizaciones del Estado; el nivel federal; y la tercera tiene que ver con la participación social. Escuchar a los actores, a ciudadanas y ciudadanos, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, atender y entender, para que el Estado pueda tomar su decisión enriquecida con las diferentes visiones”. “La relación con la sociedad civil, la participación social, es parte de la forma en la que queremos tomar decisiones, es parte de una construcción de un modelo de gestión democrático y federal”, cerró de Anchorena.