El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó hoy la primera reunión de la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, en cumplimiento de la resolución 184/2019 que declaró la emergencia penitenciaria por tres años en todo el país, a raíz del incremento de la población carcelaria que supera en un 12% la capacidad operativa de alojamiento ideal, de 12.235 plazas.

La Comisión tiene por objetivo analizar la situación actual del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos estatales que intervienen en temas carcelarios para la elaboración de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional y mejorar las condiciones de privación de la libertad.

Integran la Comisión un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y uno del SPF. El Ministerio invitó a designar representantes a numerosas instituciones, y han aceptado a colaborar los Ministerios de Seguridad y de Interior de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, la Procuración General de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la CABA, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, la Fiscalía General de la CABA, la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa, y la Asociación Argentina de Jueces de Ejecución Penal.

“Les pedimos que nos acompañen y aporten ideas para enfrentar este momento crítico. El acompañamiento es entender la emergencia penitenciaria, que viene de arrastre y tiene una curva creciente. Hay un plan, hay una visión, necesitamos que nos acompañen. Ustedes son los actores claves”, señaló Santiago Otamendi, secretario de Justicia, que estuvo acompañado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, y por Emiliano Blanco, titular del SPF.

Entre los temas tratados se destacan los proyectos de nuevas plazas, la urgente necesidad de sumar móviles para el traslado de detenidos, la situación de la U28 que funciona en el Palacio de Justicia y la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Por su parte, Mahiques expresó: “Creo que el Poder Judicial debe hacer un mea culpa. Hay situaciones que son desafiantes con las que hay que lidiar todos los días. Ante ésta situción tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los actores del sistema y tirar para el mismo lado. La realidad penitenciaria del país está así por responsabilidad de todos.”

Otamendi y Facundo Bargalló Benegas, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, detallaron las distintas políticas que impulsa el ministerio, como la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables (mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad) mediante la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica.
Actualmente se han entregado 2.800 dispositivos: 817 a las justicias nacional y federal, 1.953 a las justicias provinciales y 30 al SPF.

El Ministerio designo grandes inversiones en infraestructura carcelaria como la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, provincia de Buenos Aires; el Centro Federal Penitenciario Argentino de Coronda, en la provincia de Santa Fe; y las ampliaciones del Complejo Federal de Marcos Paz y de la Unidad 34. Entre todas sumarán 2.000 plazas.

Asimismo, se avanza en la relocalización del Complejo Devoto y su traslado al nuevo Complejo Penitenciario Federal V de Marcos Paz, que tendrá capacidad para 2.240 internos (suma 270 plazas a la capacidad actual) y se inaugurará en abril de 2021.

Entre las acciones concretadas, se encuentra el acuerdo con la provincia del Neuquén, por el que se decidió trasladar a los detenidos de la Prisión Regional del Sur (U.9) al Complejo Penitenciario de Senillosa, que redundó en un incremento de 394 plazas. Y se avanza en la obra del Centro Federal Penitenciario de Cuyo, en la provincia de Mendoza, que cuenta ya con 352 plazas. Será inaugurado a fines de este año y tendrá un total de 1.072 plazas.

Además, se emprendieron acciones destinadas a localizar inmuebles para ser readecuados para el alojamiento de personas privadas de la libertad. Se identificaron dos predios militares en desuso en las provincias de Santa Fe (Fray Luis Beltrán) y Tucumán (Las Talitas) que en caso de prosperar sumarian 629 plazas.