El Ministerio de Obras Públicas participó de una actividad conjunta con referentes de pueblos indígenas, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de brindar herramientas e insumos a los equipos técnicos del MOP, para garantizar la protección de derechos cuando los proyectos se planifican y ejecutan en territorios habitados por estas comunidades.

El eje temático giró en torno al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca poner en valor la preexistencia de los pueblos indígenas, y destacar su derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, según Ley 24.071.

La actividad es la continuidad de una primera capacitación realizada en el mes de marzo para el personal del Ministerio.

En la apertura, el referente de la OIT, Hernán Coronado, explicó la relevancia del Convenio: “Hoy por hoy este es el único instrumento internacional que trata de manera específica los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas con ese nivel de cobertura”, y destacó que forma parte de una estructura normativa mayor que son las leyes internacionales del trabajo.

Por su parte, la directora General de Relaciones Institucionales del Ministerio, María Pía Vallarino sostuvo: “Estos encuentros nos sirven para socializar ese conocimiento que algunas áreas vienen llevando adelante y convertirlo como una hoja de ruta, un mecanismo de actuación que quede, no solo para los equipos actuales, sino también los que vendrán con el tiempo”.

Asimismo, el vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, afirmó que la democracia aún tiene grandes deudas con los pueblos indígenas: “Cada vez que se han generado procesos de consulta, se han hecho en un marco de conflicto. Siempre surge como una demanda indígena que llega a golpear las puertas de los gobiernos”. “La participación debería ser una acción constante, no cuando surge una situación, sino como una política de Estado”, agregó.

Por último, el subsecretario de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos del Ministerio, Fernando Zarate, instó a desarrollar estos mecanismos de consulta: “Hay una perspectiva que tiene que enriquecernos la mirada desde el inicio. En general pensamos que el conocimiento está en la academia, pero después hay que darse cuenta de que muchos conocimientos que vienen de la ancestralidad y de la vivencia con la naturaleza”.

Durante la jornada también se presentaron tres casos. El primero fue sobre el Pueblo Wichi y el acceso al agua en El Sauzal, Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza, provincia del Chaco; que contó con las exposiciones de Sandra Fonseca, coordinadora del Área Ambiental y Social de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del MOP, y de Agustín Noriega, director de la Fundación Gran Chaco.

El segundo caso trató sobre los Pueblos Wichi, Qom, Chorote, Chulupi y Tapiete y el acceso al agua, en el marco de la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat en Salta, donde presentaron José María Regueira, director nacional de Agua Potable y Saneamiento del MOP, y Clarisa Martínez, de la Unidad Ejecutora de la Sentencia Lhaka Honhat de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El último caso presentado fue sobre el Pueblo Mapuche Tehuelche y las represas Néstor Kirchner y J. Cepernic en Santa Cruz. Esta contó con la participación de Sergio Nahuelquir, integrante de la Comunidad Lof Fem Mapu, y Sonia Ivanoff, asesora jurídica de las Comunidades Indígenas en dicha provincia.