Al inicio de la reunión, Crous comentó que desde la OA “tenemos el desafío de expandir las misiones del Estado en la prevención de la corrupción y lograr una gobernanza más transparente, más eficaz, que administre los recursos colectivos”. Luego, en referencia a la ampliación del Consejo Asesor del PNA sostuvo que “creemos que hay que asegurar una representación federal con la mayor equidad de género posible. Y también que la ampliación mejore la pluralidad y diversidad”.

Sobre las instituciones y universidades que se incorporan al Consejo Asesor, aseguró que el objetivo es que “sean representadas distintas miradas, distintas ideologías, y distintas miradas de qué es la transparencia y la integridad” dado que “nuestra perspectiva se mejora en la medida en la que sean diversas”. El Consejo Asesor fue ampliado y la reunión incluyó a los integrantes que ya eran parte de él como así también a los que se sumaron recientemente.

Por su parte, Beatriz de Anchorena sostuvo que en el marco del trabajo en conjunto con la OA se consideró fundamental “disputar el sentido común de los conceptos de transparencia e integridad”. Destacó también que “incorporar la dimensión ética en la función pública requiere de un esfuerzo compartido, un trabajo en red, y colaborativo para construir un tejido de integridad”. Al cierre de su presentación, de Anchorena mencionó: “Pasar de un PNA a una estrategia implica un contrato social ciudadano que legitime la acción pública y garantice la efectividad de las políticas públicas de integridad y transparencia con mayores capacidades estatales”.

A continuación, Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, presentó el trabajo desarrollado respecto a la revisión de las iniciativas del Plan, detallando el diseño e implementación de herramientas metodológicas para su análisis y ponderación. Allí explicó cómo se realizó la evaluación de las 260 iniciativas mediante la metodología desarrollada. Una de sus conclusiones fue que sólo el 15% de las iniciativas evaluadas alcanzó un alto grado de carácter estratégico e integral.

Luego, la Directora Nacional de Ética Pública, Natalia Torres contó que el trabajo fue en base al objetivo de “construir a partir de la evaluación del Plan para avanzar en el diseño de los lineamientos que sí van a conformar la Estrategia Nacional de Integridad”. En dicho trabajo resaltó que “encontramos oportunidades, el camino recorrido por el PNA que nos permite identificar, buenas prácticas y transformarlas en aprendizajes para el diseño de una estrategia nacional que sea sólida y mensurable”.

Torres mencionó sobre este primer análisis, la “falta de integralidad y de instancias de coordinación con los organismos rectores” y de allí destacó la iniciativa de “avanzar en instancias de coordinación interinstitucional”, lo cual es “clave para un sistema nacional de integridad contar no sólo con una agenda de trabajo sino también con mecanismo de coordinación que puedan efectuar las acciones y áreas de integridad”. Por último se refirió a la importancia de que “la Estrategia Nacional de Integridad pueda brindar información durante su propio desarrollo y que pueda acercar a la ciudadanía en su seguimiento, el Mapa de Acción Estatal es un espacio que podría cobijar ese tipo de acciones”.

El final de la reunión estuvo a cargo de Luis Villanueva, Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, quien agradeció a las y los participantes y destacó que la revisión de iniciativas “fue un trabajo muy responsable que llevó muchas horas y “que estoy seguro que va a valer la pena y que van a hacer que la Estrategia Nacional de Integridad sea mucho mejor que el Plan Nacional Anticorrupción”. Además, Villanueva destacó que a la labor que queda por delante se sumarán organismos como Sigen, la Oficina Nacional de Contrataciones y la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, entre otros.

El análisis del PNA comenzó en los primeros meses de la nueva gestión de la OA con el objeto de adecuar de manera coordinada y estratégica las políticas públicas en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. En ese sentido, se avanzó en la revisión de las iniciativas del Plan cuyos primeros resultados se compartieron durante el encuentro. Asimismo, se amplió la integración del Consejo Asesor, incorporando organizaciones no gubernamentales de diferentes provincias, sindicatos y espacios académicos, todos ellos de reconocida trayectoria en la materia, garantizando representación plural, federal y con perspectiva de género.