Se presentó el informe “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”

 


La Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, presentaron este viernes el informe “Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”, un diagnóstico que permite avanzar en reducir las desigualdades generadas por las barreras económicas en el acceso de productos de gestión menstrual, que tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo.

El evento, realizado en Casa Rosada, estuvo encabezado por la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, Cecilia Gómez Mirada; la Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Luciana Tito; la directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, la asesora presidencial, Dora Barrancos; y la concejala Marcela Cortiellas de la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.

En el inicio del encuentro, Cecilia Gómez Mirada destacó los diferentes campos sobre los que hay que actuar para garantizar que se pueda gestionar la menstruación de manera tal de ejercer los derechos fundamentales. Entre ellos, destacó la necesidad de producir datos e información para el diagnóstico y diseño de políticas; garantizar acceso a los productos de gestión menstrual (PGM) e infraestructura de higiene; garantizar precios accesibles; promover la educación con un abordaje de género y promover la producción de PGM sustentables en términos ambientales. En este sentido, la subsecretaria resaltó que este informe nos permite “avanzar en un esquema integral del tratamiento de la gestión menstrual como una cuestión de equidad y de justicia social”.

Por su parte, Luciana Tito sostuvo que “lo personal es político”. “Tenemos el desafío de transitar de aquello considerado íntimo y personal a una respuesta de política pública. Hablar de menstruación es romper con una cultura que produce y reproduce desigualdades de género”, añadió.

En tanto, D’Alessandro destacó que el informe “es un trabajo colectivo que nos muestra qué es lo que tenemos hoy a disposición, qué es lo que estamos haciendo desde Estado, cuál es la situación a nivel municipal y cuáles son los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación”, y sostuvo que “por primera vez tenemos un espacio institucional en el cual canalizar estas demandas y convertirlas en política públicas orientadas a dar una solución y cerrar brechas de desigualdad”.

Asimismo, la Directora afirmó que el informe nos brinda mucha información para dar el debate y señaló que “no podemos seguir escondiendo la menstruación como nos enseñaron a hacerlo toda la vida al traficar tampones y toallitas a escondidas como si fueran una bomba atómica. Hay que romper el tabú, tenemos que sentirnos libres porque esto también es educación sexual integral, es salud, trabajo y seguridad”.

A su turno, Marcela Cortiellas presentó el resultado del Relevamiento legislativo sobre Gestión Menstrual que realizó la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios y celebró el esfuerzo y el trabajo mancomunado e intersectorial de todas las instancias del Estado en pos de alcanzar la justicia menstrual de todas las personas menstruantes.

Informe: Justicia Menstrual Igualdad de género y gestión menstrual sostenible

El informe fue realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de diversos equipos del Estado, entre los que aparecen INDEC, AFIP, ANDIS, ANSES, la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial y la Subsecretaría de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores y la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.

En el diagnóstico presentado, se sostiene que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 reforzó las desigualdades económicas preexistentes y tuvo un impacto asimétrico sobre los/as trabajadores/as informales, las mujeres y los/as jóvenes, que perdieron empleos e ingresos. En este sentido, en la Argentina, la mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años, y son las mujeres en esta franja etaria las que tienen mayores niveles de desempleo. Por este motivo, la pobreza está feminizada.

De acuerdo al informe, la gestión de la menstruación y el costo de menstruar genera mayores desigualdades que afectan especialmente a las mujeres más pobres. El costo de menstruar implica pagar anualmente desde $3.228 (toallitas) hasta $4.327 (tampones). Así, el costo anual equivale al 44% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA diciembre 2020: $7.340) o al 87% del monto de una Asignación Universal por Hijo/a (AUH diciembre 2020: $3.717). Asimismo, las mujeres de deciles más bajos tienen ingresos de $4.021 mensuales. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso, el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos. Menstruar representa un costo extra e inevitable. En este marco, medidas como la inclusión de los tampones y toallitas en la canasta de Precios Cuidados tiene un impacto sustancial a la hora de disminuir el costo de menstruar.

En Argentina alrededor de 12 millones de niñas, jóvenes y mujeres menstrúan. La situación, no obstante, este escenario no se reduce solo a las mujeres. Los varones trans y muchas personas no binarias también enfrentan el costo de menstruar, y quienes tienen menores recursos, enfrentan obstáculos para acceder a toallitas, tampones o copas menstruales con consecuencias sobre su vida cotidiana; se ausentan de la escuela o de sus puestos de trabajo, dejan de hacer actividades deportivas o de esparcimiento y, en algunos casos, recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud. Las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo.

A raíz de esta situación, en julio de 2020 empezó a funcionar una mesa de trabajo interministerial para abordar los problemas de la gestión menstrual. Desde el Estado se han generado acciones en políticas públicas, estudios, información y estadísticas orientadas a transformar esta situación que genera mayor desigualdad, que se relevan en el documento. Además, el año pasado se han presentado 14 proyectos en el Congreso de la Nación que tienen como eje eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual y hacerlo de manera sostenible en términos económicos, ambientales y de salud. A nivel municipal, avanzan ordenanzas y proyectos que proponen la provisión gratuita de PGM para sectores focalizados. También avanzaron iniciativas a nivel provincial, que van desde los descuentos para la compra de PGM a la distribución gratuita.

La acción del Estado es necesaria para contribuir a una gestión menstrual saludable, inclusiva, accesible y sustentable. Hablar de Justicia Menstrual implica no solamente poner en agenda las problemáticas en torno a la concepción de la menstruación, sino también actuar sobre la realidad. Por este motivo, en “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible” se definen acciones para avanzar en un esquema integral del tratamiento de la gestión menstrual como una cuestión de equidad y de justicia social.

Ver informe