En el caso de las contrataciones públicas, todo aquel que quiera contratar con el Estado tiene una nueva exigencia: deberá dar a conocer en una Declaración Jurada de Intereses cualquier vinculación con las más altas autoridades de gobierno. Si no lo hace, se prevén sanciones severas, tales como la imposibilidad de contratar con el Estado. En el caso de los juicios vinculados al Presidente y/o Vicepresidente, el Estado será representado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que previo a cualquier toma de decisión que ponga fin al juicio deberá informar a la OA, a la SIGEN y a la Comisión Mixta de Cuentas del Congreso de la Nación.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, definió a estos decretos autónomos como “herramientas adicionales de transparencia” y aseguró que “aportan una solución institucional rápida, contundente y precisa”. “El Presidente firmó dos decretos inéditos que mejoran los estándares de transparencia y control en juicios y contrataciones del Estado, dentro de su competencia y sin invadir otros poderes. Además amplía estas medidas a todos los ministros y funcionarios con capacidad para realizar contrataciones. Es un fuerte mensaje del Presidente a toda la administración”, expresó.

Alonso explicó que “estos decretos de integridad son medidas rápidas, eficientes y efectivas para prevenir situaciones controvertidas” y aclaró que “esto no quita que sea importante avanzar en la reforma de la Ley de Ética Pública y fortalecer los sistemas de integridad en todos los poderes del Estado”. Sin perjuicio de ello, destacó que también “es importante que los demás poderes del Estado busquen mecanismos de autorregulación en sus propios ámbitos, hasta tanto se reforme la ley”. “El Congreso puede aprobar un Código de Ética Parlamentaria y el Poder Judicial puede hacer lo propio con un Código de Ética Judicial”, ejemplificó.

En el marco de la elaboración de estos decretos, desarrollamos un proceso de consultas para recibir aportes y sugerencias para incorporar. El 9 de marzo, con la presencia de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso; el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el Síndico General de la Nación, Ignacio Rial; y el Procurador General del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, realizamos una la mesa de diálogo con representantes de organizaciones no gubernamentales y especialistas en materia de transparencia. Asimismo, se llevó a cabo durante una semana un proceso de consulta abierta y participativa para recibir propuestas de los ciudadanos a través de la web de la OA.