En el transcurso de la semana, cuatro municipios sancionaron ordenanzas de cupo laboral destinado a personas rescatadas de redes de trata. Los concejos deliberantes de Cafayate, Cerrillos, y Embarcación, de la provincia de Salta, y de Caraguatay, de la provincia de Misiones, se sumaron así a otros 22 distritos municipales de la Argentina en adoptar esta medida impulsada en todo el territorio nacional por el Comité de Lucha contra la Trata.

Las ordenanzas aprobadas tienen por objeto promover la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas del delito de trata y explotación laboral en sus distintas modalidades, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26.364 y su modificatoria. También se instituye un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y profesional para las personas rescatadas que no reúnan originalmente las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos, y se refrenda el derecho a la privacidad, debiéndose contar con la autorización escrita de la persona damnificada, resguardándose la intimidad y confidencialidad de la información.

El Concejo Deliberante del municipio de Cafayate aprobó el proyecto presentado por la concejal Raquel Humano. La ordenanza dispone en el ámbito público de la ciudad “la ocupación de víctimas de trata y explotación de personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, según las siguientes condiciones: en una proporción no menor al 1%, para lo cual se reservan puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. Se calcula sobre el total del personal cualquiera sea la modalidad de contratación”.

En igual sentido, se expidieron los concejos deliberantes del municipio de Cerrillo, que aprobó la Ordenanza 301/2022, siendo el autor del proyecto el concejal Lic. Enrique Borelli, acompañando el mismo el concejal Adrian Ustares; y el municipio de Embarcación, que aprobó la Ordenanza 684/2022, a propuesta de los concejales Sergio Claveria, Marcelo Ibañez, Graciela Heredia, y Roque Soria.

Cabe destacar que los tres proyectos aprobados en la provincia de Salta, impulsados por el Comité de Lucha contra la Trata, bajo la acción de su delegada, Stella Maris Corbacho, fueron votados por unanimidad.

En la ciudad de Caraguatay, provincia de Misiones, también se estableció esta semana una ordenanza de reinserción laboral para víctimas de trata y explotación. La misma fue impulsada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan López, junto al delegado del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Emilio Pufahl, y aprobada por unanimidad por el resto de los concejales del cuerpo, Nadia Caire, Patricia Meier, Rita Rodríguez y Fabio Losse.

Es preciso recordar, que este municipio misionero, gestionado por el intendente Ricardo Waidelich, fue uno de los que suscribió recientemente un convenio de colaboración con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Vicegobernación de la Provincia, encabezada por el Dr. Arce. También, en el mencionado distrito, se estableció, semanas atrás, la ordenanza de difusión de la línea 145, en taxis, remises y comercios de la ciudad.

Con estas nuevas ordenanzas, ya son 26 municipios, en 9 provincias, los que sancionaron normas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata, habiendo sido aprobadas en Salta (Campo Quijano, Las Lajitas, Rosario de Lerma, Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia, Cafayate, Embarcación y Cerrillos); Corrientes (San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucía); Formosa Capital; Córdoba (Malvinas Argentinas); Chubut (Rawson, Lago Puelo); Chaco (Machagai y Resistencia); Misiones (El Dorado, Caraguatay); Santa Fe (Gobernador Gálvez); La Rioja (Araujo y Chilecito); y en Buenos Aires (Marcos Paz). Decenas de concejos deliberantes de todo el país se encuentran tratando iniciativas con el mismo objetivo.

Estas normativas, complementan las leyes provinciales que ya sancionaron varias provincias, como Chaco y Catamarca, para garantizar la inclusión laboral de víctimas de trata, tanto en el ámbito público como privado. Proyectos similares cuentan con tratamiento parlamentario en las legislaturas provinciales de Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz.