Presidencia de la Nación

Responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad: la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa Norwinco, en Tucumán

Está acusado el ex gerente general de la empresa, el militar retirado José María Menéndez, por los delitos cometidos contra 12 trabajadores y trabajadoras entre 1975 y 1976.


La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 12 trabajadores, trabajadoras y delegados de la empresa Norwinco, de Tucumán, durante el Operativo Independencia.

Los secuestros se produjeron entre marzo de 1975 y septiembre de 1976 y las víctimas fueron llevadas a los centros clandestinos de detención “La Escuelita” de Famaillá y la Jefatura de Policía de Tucumán, donde sufrieron torturas. Tres de ellas continúan desaparecidas y el resto fue luego liberado o enviado a diferentes cárceles del país a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El único acusado es José María Menéndez, quien ya estaba retirado del Ejército y fue nombrado gerente general de la fábrica en 1975. Para ese momento, su hermano Luciano Benjamín Menéndez era comandante del Tercer Cuerpo del Ejército y su primo, Mario Benjamín Menéndez, estaba a cargo de “La Escuelita” durante el Operativo Independencia.

La causa se inició en 2019, a partir de testimonios de sobrevivientes y trabajadores de Norwinco en el juicio por crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, que finalizó en 2017. En agosto de 2021, Menéndez, que en la actualidad tiene 96 años de edad, fue procesado como partícipe necesario de los secuestros, tormentos y desapariciones.

Según se pudo determinar en la investigación, el coronel retirado realizó un aporte esencial para la identificación de las víctimas: tuvo en su poder el control y la custodia de los legajos del personal y el acceso de personal militar a dicha información no podría haberse producido sin su consentimiento o autorización.

Tras su paso por Norwinco, que era una filial de la empresa Winco S.A., ya durante la dictadura el ex militar fue nombrado como gerente general en dos empresas textiles del grupo Bunge y Born, Grafa y Grafanor, donde también se produjeron numerosos secuestros y desaparición de trabajadores, según reconstruyó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.

La presentación de esta querella se enmarca en el Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que tiene como prioridad el impulso enérgico y sin demoras de las causas por crímenes de lesa humanidad, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles y empresariales.

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