La presentación busca revertir las faltas de mérito dictadas en julio pasado al ex oficial del Ejército Bernardo Luis Landa y a Ricardo Oscar Torralvo, personal jerárquico de Acindar, y la revocación parcial de los procesamientos del ex militar Antonio Federico Bossié y de Roberto José Pellegrini, quien se desempeñó como jefe de relaciones laborales de la siderúrgica.

Los cuatro son investigados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 67 personas. Landa era oficial de Logística y Bossié de Operaciones y de Inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132, cuya jurisdicción se extendía hasta Villa Constitución.

Pellegrini y Torralvo son los dos únicos responsables empresariales que fueron procesados en la causa. Son muchos los testimonios que los mencionan como los nexos entre la empresa y las fuerzas represivas, que utilizaron información, infraestructura y recursos logísticos y materiales que sólo la empresa podía proveer para identificar y reprimir a trabajadores, delegados y personas vinculadas a Acindar. El resto de los posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad, lo que muestra la resistencia del poder judicial a investigar estos casos.

La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en esta causa emblemática conocida como “causa del Villazo” o “causa Acindar”, que analiza el proceso represivo de extrema magnitud desplegado sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas de esa localidad a mediados de la década del 70.

La investigación revela el rol central que tuvo en esos hechos Acindar, presidida por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura, siendo su puesto de presidente del directorio ocupado por el general Alcides López Aufranc. Dentro de la planta comenzó a funcionar un centro clandestino de detención en lo que se conocía como Albergue de Solteros. Los oficiales de las fuerzas represivas se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos y la firma aportó pagos extraordinarios a todo el personal policial que participó.

La represión continuó luego durante la dictadura cívico militar. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.

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