La investigación, que demandó más de 5.000 horas de trabajo, se inició a fines de 2024 por impulso del Equipo Especializado en Trata de Personas de la PSA, bajo la órbita de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso. A partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de intervenciones telefónicas, relevamientos virtuales y vigilancias en campo, los detectives detectaron una poderosa red con ramificaciones en Argentina, Chile y España, que explotaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para generar contenido erótico a través de plataformas digitales.

El lugar sospechoso desde un principio fue un estudio de modelos webcam ubicado en la localidad bonaerense de San Justo, que operó hasta febrero de 2025. Desde allí, mujeres de entre 18 y 55 años realizaban transmisiones simultáneas para tres sitios web. De esta manera, las ganancias obtenidas en euros mediante créditos virtuales eran transferidas a una empresa radicada en España, que retenía el 80% de lo producido y remitía el restante mensualmente a la Argentina, en dólares.

Tras el cierre de ese lugar, las transmisiones continuaron desde los domicilios particulares de las víctimas, aunque las condiciones impuestas por la organización se mantuvieron intactas. Las mujeres debían cumplir exigentes objetivos de producción, condiciones de presentación y asistir una vez al mes a una oficina en Morón, provincia de Buenos Aires, para percibir su pago.

La investigación permitió identificar a la principal responsable local, encargada de reclutar, controlar y dirigir a las modelos, junto con su colaboradora, quien inicialmente se ocupaba de la logística del estudio y luego ascendió a manager de las trabajadoras, promocionando los servicios por redes sociales. También fue detectado un ex integrante de la organización, quien firmó el contrato de alquiler del estudio y se ocupó de la distribución de dinero hasta su desvinculación.

Asimismo, fueron señalados dos ciudadanos chilenos responsables de ingresar fondos de manera mensual desde España hacia Argentina, presuntamente por métodos físicos, y se determinó que había dos líderes de la estructura en España: una mujer y un hombre, junto a tres mujeres encargadas de la contabilidad y liquidaciones.

Frente a estos hechos, el equipo investigador solicitó órdenes de allanamiento y presentación para el jueves 22 de mayo, fecha prevista para el pago mensual a las trabajadoras. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, dispuso diez allanamientos en domicilios ubicados en Villa Luzuriaga, Isidro Casanova, Morón, Ituzaingó, Hurlingham y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como resultado de los operativos, los oficiales detuvieron en carácter de incomunicados a tres personas integrantes de la organización y se secuestraron 24.300 dólares, 1.543.100 pesos, 1.000 pesos chilenos, cinco teléfonos celulares, siete dispositivos electrónicos (entre computadoras, notebooks y una tablet), numerosas dosis de marihuana.

Durante los procedimientos participó personal de la Coordinación de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que entrevistó a 17 presuntas víctimas, quienes fueron contenidas y asistidas.