Primera Reunión Anual Ordinaria del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción

Este foro reúne a Fiscalías de Investigaciones Administrativas, Oficinas Anticorrupción y a aquellos Órganos Estatales equivalentes existentes en el ámbito del territorio nacional argentino convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos.


En la reunión del día de hoy, la apertura estuvo a cargo del Dr. Guillermo Hansen, Titular de la Oficina Anticorrupción de Chubut y Presidente saliente del Foro.

Entre las presentaciones previstas en el programa, la Subsecretaria de Transparencia Institucional de la Provincia de Buenos Aires, Ana Laura Ramos expuso los avances del anteproyecto de la Ley de Ética Pública y Transparencia PBA, basada en la prevención y abordada desde diferentes miradas, espacios de diálogos y búsqueda de consensos. “En octubre conformamos una mesa de trabajo para la redacción del proyecto”, integrada por universidades públicas nacionales y provinciales; organizaciones de la sociedad civil; colegios profesionales de la provincia; los tres poderes del Estado; y municipios. En este sentido, Ramos destacó la participación de la Oficina Anticorrupción (OA) en la construcción del texto: “ha colaborado muchísimo en este proceso, participaron técnicos de la Oficina en todos los equipos, han sido muy útiles los aportes que realizaron para poder modificar y construir con la visión en la mejora de su experiencia”.

A continuación, la Oficina Anticorrupción de la Nación presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE). Luis Villanueva, Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, explicó los fundamentos y el funcionamiento de este registro en el cual las empresas deberán cargar su propia información sobre sus programas de integridad. estableciendo un piso de comportamiento hacia adentro de la organización y en la relación con el Estado”, dijo.

En una etapa posterior del RITE se incluirán las políticas de las empresas sobre género, derechos humanos y medio ambiente. Al respecto, el Subsecretario destacó el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los organismos internacionales. “Nos basamos en la experiencia mexicana y en aportes de Naciones Unidas, la OCDE y el BID”.

Al finalizar, resaltó: “hoy la política preventiva no está solamente parada en lo que hace o lo que no hace el Estado. Sin coordinar las políticas con el sector privado no hay manera de construir un trabajo duradero con perspectiva de éxito”.

Más adelante, Gustavo Leguizamón, Fiscal General de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Chaco, expuso sobre el Control Preventivo, Constructivo y Contemporáneo con la Gestión Administrativa. Por su parte, Josefa del Valle Herrero, Fiscal Anticorrupción de Jujuy, explicó el Registro de Sanciones Administrativas y Judiciales (RESAJ), que fue ampliado por Analía Martínez, Jefa del Departamento de Prevención y Asuntos Institucionales de la OA Jujuy.

En representación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Rio Negro, Ignacio Augusto Rodríguez, Prosecretario Letrado de la, habló sobre la Prescripción en el Juicio de Responsabilidad-Acción de Recupero Patrimonial.

A cargo de la última exposición, la Dra. Andrea Garmendia Orueta, Fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación, expuso detalladamente los alcances del proyecto “Corrupción facilitadora de la Trata de Personas”, que aborda adecuación de la normativa nacional, provincial y municipal a los estándares internacionales vigentes en la materia.

Por último, y tal como estaba previsto en el programa de trabajo, se llevó adelante la votación de las nuevas autoridades del Foro para los próximos tres años, resultando elegidos para el cargo de la presidencia de manera rotativa la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Chaco, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación.