El martes 14 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la Oficina Anticorrupción (OA) organizó el primer encuentro presencial con las y los enlaces de integridad y autoridades de programas y áreas de transparencia. El encuentro apunta a fortalecer la transversalidad de la política preventiva y el desarrollo de acciones que permitan profundizar la transparencia en la gestión pública.

El objetivo de la jornada fue compartir los principales hitos del Estado Nacional en materia de integridad y transparencia en los últimos dos años. Además, se conversó en torno al proyecto de ley de Integridad y Ética Pública que presentó la OA.

El primer panel de exposiciones fue encabezado por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y la directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Roxana Mazzola.

En la presentación, Crous contó que para redactar una nueva ley de Integridad y Ética Pública “se pensó en la implementación de la elaboración participativa para poder recibir aportes de la comunidad interesada” y para que sea una “herramienta hecha también con aquellos que la van a aplicar y que por supuesto el anteproyecto presentado está destinado a la reescritura porque es un punto de partida. Se trata de una convocatoria pública, abierta y colaborativa”.

El titular de la OA expresó que el encuentro “es una oportunidad doblemente propicia que comencemos a interactuar de modo conjunto alrededor de una nueva norma que reemplace a una que ya viene de proceso de revisión y tiene algunas décadas y críticas sobre lo que le falta y hay que reforzar”. Crous agregó que “la gestión de integridad del Estado, es la gestión leal del esfuerzo social para generar riquezas y evitar que las élites colusionen para apropiarse las riquezas que el esfuerzo de nuestras sociedad producen, quedándose con lo que no le corresponde”

Luego de la presentación, Félix Crous moderó el conversatorio realizando preguntas disparadoras para contar sobre la experiencia del Ministerio de Obras Públicas en torno a Integridad y Transparencia en el Estado Nacional. En este contexto, el ministro Gabriel Katopodis contó que “cuando llegamos al ministerio sentíamos que debíamos reconstruir la capacidad operativa, era un nuevo ministerio que había que reordenarlo”. En ese inicio, “creamos un área que podría haber quedado en un registro solamente organizacional, la verdad es que con el acompañamiento de la OA, al área le siguió una política que lleva dos años con hitos muy concretos”.

El ministro de Obras Públicas de la Nación explicó que la pregunta disparadora del trabajo en materia de integridad fue “cómo se hace más y mejor obra pública en la Argentina y cómo se distribuyen los recursos de manera equitativa e igualitaria”. “En función de ello pusimos en marcha un área, la creación de un Observatorio de política pública donde convocamos a la sociedad civil, Poder Ciudadano, universidades, con el acompañamiento central de la OA”, de esta manera, “generamos un espacio de reflexión, de diálogo con muchos actores que nos permitió confeccionar una agenda que generó herramientas de gestión”. En el cierre, Katopodis expresó: “gestionar con transparencia, cumplir con la misión de nuestro ministerio es garantizar también la ejecución de los recursos”.

A su turno, Roxana Mazzola detalló los lineamientos de una “agenda de trabajo de políticas de transparencia a un ministerio que estaba considerando como un lugar oscuro”. Sobre el área de Transparencia, la funcionaria nacional dijo que abarca áreas “una de las cuales tiene que ver con las políticas clásicas de integridad” en el marco de proceso de contratación de la obra pública y su implementación, que se articula con “el fortalecimiento de las áreas de integridad y transparencia dentro del Ministerio, empresas y organismos descentralizados para que podamos trabajar en una hoja común donde fuimos desarrollando el Código de Ética, el Observatorio y el Programa de Monitoreo y Observación”.

En este sentido remarcó: “las cosas no las hacemos solos, las hacemos de manera conjunta con los diferentes actores que tienen que ver con la obra pública”.

El segundo panel estuvo integrado por el subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Integridad y Transparencia de la OA, Luis Villanueva; el juez y director del Centro de Estudios sobre transparencia y lucha contra la corrupción de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Balbín; y la directora nacional de Ética Pública de la OA, Natalia Torres.

En la introducción del panel sobre el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, Villanueva contó que la iniciativa tiene un bloque que da cuenta “sobre la definiciones que tienen que ver con el lugar desde dónde vemos la corrupción, la integridad, la ética pública, las pensamos como transversal a la función pública con perspectiva en derechos humanos, medioambiente y género”.

El funcionario de la OA expresó que era “necesario actualizar la ley que estaba y tomar otros enfoques porque la ley de 1999 venía a cuenta de procesos de privatización que hoy no era el paradigma sobre el cual queríamos plantear la elaboración”. En este sentido, dijo que “el proyecto promueve estándares de integridad en el sector público y privado. No creemos que exclusivamente tengamos que trabajar en el sector público, trabajamos en la vinculación y las relaciones que se dan en los dos sectores”.

Dentro del mismo panel, el juez Balbín expresó: “creo que es muy valioso modificar un marco regulatorio que es del año 1999, es un avance significativo”. En torno a ello, contó que “en su momento hice una lectura comparativa entre el proyecto de la gestión anterior, este es mejor, como línea general es positivo, pero por supuesto tiene cuestiones a debatir”.

Uno de los puntos que Carlos Balbín marcó como importantes para el debate fue “definir más claramente el ámbito de aplicación vinculado al concepto de función pública o funcionario público”. “El anteproyecto hace énfasis en términos de respeto de los derechos humanos, igualdad de género, que celebramos, pero debería incluir el derecho social, el problema mayor argentina es la desigualdad. Tenemos que comenzar a introducir el tema de derechos sociales en materia de transparencia”, dijo el juez.

Más adelante, Balbín se refirió a que “la ley se aplica a todos los poderes del Estado” y agregó que en materia de Declaraciones Juradas patrimoniales “el riesgo de publicar el patrimonio es igual para un funcionario público como para un juez”. Respecto a otro de los puntos de la iniciativa de la OA sobre la prohibición de los funcionarios y funcionarias de tener capitales en plazas no colaborativas, el juez indicó que “un funcionario público no puede tener sociedades offshore en paraísos fiscales, no se niegan las cuentas en el exterior, se discute en que el funcionario no tenga en paraísos dudosos, comparto, es casi impensado que no esté en una ley de ética pública”. A ello, Balbín sumó la importancia de sumar “la regulación del lobby, en mi experiencia la presión es muy fuerte, el proyecto avanza en ese sentido pero deberíamos tener un debate más profundo”.

Por su parte, Natalia Torres, contó que “este anteproyecto tiene una particularidad que es que apunta a considerar cómo el conjunto de ideas propuestas van acompañadas por un diseño institucional que hagan posible la implementación”. En este sentido, la funcionaria agregó: “nuestra apuesta es por un sistema nacional de integridad que piense este dispositivo para todo el Estado Argentino”.

En su participación, Torres explicó que en primer lugar “ la idea es que el proyecto tenga su propia autoridad de aplicación en cada uno de los poderes del Estado y del Ministerio Público. Hay un aprendizaje para implementar políticas de integridad que es que para monitorear una política de integridad hace falta una autoridad de aplicación”. En segundo lugar, dijo que “ese trabajo desde las autoridades de aplicación pueda tener capilaridad, una extensión en base al aprendizaje del trabajo que hemos tenido con las y los enlaces de integridad. La experiencia de contar con enlaces y con áreas de integridad permite multiplicar y llevar a sta dimensión de lo federal como adjetivo y como atributo”.

Seguidamente, Natalia Torres dijo que “consideramos que hay un aspecto que es central en base a las conversaciones con la sociedad civil, es el énfasis en las actividades formativas, este anteproyecto coloca esta actividad como un rol central . Una de las cuestiones es la existencia de una escuela de gobierno, una instancia formativa común para apostar a una comunidad formativa que permita incentivar la generación de iniciativas conjuntas y coordinadas entre los distintos poderes o niveles del estado argentino”. A su vez, la funcionaria indicó habló sobre el aspecto federal del proyecto: “el diseño institucional tenía que tener presente esta dimensión de lo federal como adjetivo y como atributo”.

En el final del evento, Félix Crous declaró: “el campo de debate y conversaciones sobre los temas de integridad y transparencia y la eficiencia del estado, son enormes” y en ese marco “invito a que sean difusores de esta iniciativa de elaboración participativa”.

El encuentro contó con la participación de alrededor de 200 enlaces de integridad, responsables de áreas de integridad y transparencia; y funcionarias y funcionarios del Estado Nacional.