Participaron del plenario el director general Ambiental de ACUMAR, Bruno De Alto; el subsecretario de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva; la directora nacional de Ética Pública de la OA, Natalia Torres; la coordinadora de Transparencia de ACUMAR, Ana Francese y adherentes a la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca ACUMAR.

Durante el encuentro se abordaron los aspectos más relevantes de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la relación de esta norma con la iniciativa RITE y sus características principales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director general Ambiental de ACUMAR, quien repasó la trayectoria del organismo desde 2008 hasta la actualidad, subrayó los “avances y la cantidad creciente de adherentes a la red, que a la fecha suman 49, teniendo en cuenta la importancia de promover la integridad y transparencia”.

Por su parte, la coordinadora de Transparencia de ACUMAR sostuvo que “cuando la OA propuso que la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) dialogara con diferentes propuestas de los organismos, en ACUMAR consideramos que este proyecto era muy interesante para poder incorporar lineamientos de integridad y transparencia a esta Red, compuesta por diferentes actores del sector público, académico y privado. Por eso, la propuesta de hoy es promover al RITE”.

Al tomar la palabra el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, señaló que “la ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas incluye tanto a diversos tipos societarios (sociedades anónimas, cooperativas, entre otras) y establece que pueden ser sancionadas por casos de corrupción. Estas sanciones pueden ser la pérdida de la personería jurídica, pérdida de posibilidad de ser contratada por el Estado, entre otras”.

Por ello, Villanueva señaló que “la ley establece que los sujetos obligados deben ocuparse de no cometer casos de corrupción y para hacerlo, tienen que desarrollar un programa de integridad y de este modo evitar sanciones. Este es el enfoque preventivo de la norma”.

Es en este aspecto de la Ley, que RITE ofrece a las empresas y entidades inscriptas los recursos, las herramientas y el acompañamiento para desarrollar un programa de integridad.

Por su parte, Natalia Torres resaltó que “la plataforma del RITE es gratuita, interactiva, versátil y se adapta a distintos contextos”. Agregó que “en el registro hay un centenar de empresas inscriptas, las pioneras fueron grandes empresas, pero que actualmente hay un alto porcentaje de pequeñas y se están sumando otras estatales de provincias y municipios.”

La funcionaria compartió con los y las asistentes las principales características del RITE e informó que la plataforma posee módulos sobre anticorrupción y transparencia (RITE 1), y que próximamente estará operativo el módulo sobre género. En este sentido agregó que “ las empresas que operan en mercados internacionales, o bien en la Unión Europea, además de requisitos ambientales, se les pide integridad respecto de los derechos humanos”. Como ejemplo, sostuvo “no se puede ser íntegro y ser un abusador”.

También señaló que “el RITE además de la utilidad que ofrece a las empresas y entidades, puede aportar mucho al ámbito académico y a las organizaciones de la sociedad civil ya que les permite conocer más del mundo empresarial, que generalmente posee más opacidad”.

Finalmente, a través del simulador se mostraron los pasos que debería seguir una empresa o entidad para estar en RITE. Al cierre de la exposición se abrió un espacio para las consultas de los asistentes.

La RAAC impulsa la implementación de una producción limpia y sostenible en las industrias radicadas en la cuenca. Se trata de un espacio abierto y multisectorial, conformado por organismos nacionales, provinciales, municipales, sistema científico tecnológico, ámbito académico y empresarial comprometidos con la calidad de vida de la cuenca.

Actualmente integran esta Red: la Cámara Empresarial de Medio Ambiente,
la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de la Matanza, la Universidad Provincial de Ezeiza , la Municipalidad de Avellaneda , la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional del Oeste , el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Pymes Sur , Mesas del Asociativismo y la Economía Social en CABA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, INICIATIVA 2030, la Universidad Nacional de Guillermo Brown, la Universidad Tecnológica Nacional , el Municipio de Almirante Brown, Redes Colaborativas SaS , Municipalidad de Esteban Echeverria, el Foro Hídrico Sanitario Ambiental ACUBA -, la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires, la Cooperativa de Trabajo Nudo Colectivo Audiovisual Ltda. CICCRA. la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina CAICHA, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Economía Social, La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA), la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (C.I.C.A.), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Agricultura,Ganadería y Pesca de la Nación, la Mesa Interjurisdiccional Cuenca del Cildañez, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Federación de mutuales para la defensa organizada del consumo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, el Municipio de Cañuelas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC)