El proyecto de ley fue elaborado por la OA y enviado a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo en octubre de 2016.

La aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas representará un avance significativo, ya que establece que las personas jurídicas (empresas, fundaciones, asociaciones civiles) podrán ser sancionadas (por ejemplo, a través de multas) por incurrir en delitos de corrupción. El sistema jurídico argentino solo prevé que las personas físicas (las personas individuales) pueden ser sancionadas o penadas por cometer delitos de corrupción.

Para la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, “hay una demanda incesante de la sociedad argentina que demanda transparencia y control, tanto al Estado como al sector privado. En este contexto, la colaboración es clave. Esta ley prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos: tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó”.

La posibilidad de responsabilizar y sancionar a personas jurídicas por la comisión de delitos no es una novedad en el sistema jurídico argentino, que la incorporó de forma gradual para delitos de “desabastecimiento”, aduaneros, cambiarios, contra el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, tributarios, contra la libre competencia y, finalmente, para todos los delitos contra el orden económico y financiero, entre ellos el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros cometidos en los mercados de capitales, como el “insider trading” y la manipulación de mercado.

El objetivo de este proyecto de ley es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos --sanciones y mitigación de ellas por tener normas de integridad-- para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad y “compliance”.

Para la Oficina Anticorrupción es fundamental que el Congreso de la Nación apruebe en 2017 este proyecto de ley, requisito indispensable para incorporar a nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al aprobar esta ley --que ya la tienen otros países como Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia--, Argentina cumplirá con los compromisos internacionales ya asumidos al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE.

Argentina es el único de los 41 países ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una ley de responsabilidad de las personas jurídicas.