La protección de los derechos humanos en el embarazo, parto y nacimiento implica reconocer el derecho de todas las mujeres a recibir el más alto nivel de cuidados en salud sexual y reproductiva, que incluye una atención digna y respetuosa, sin violencia o discriminación alguna por motivos sociales, raciales, étnicos, religiosos o de nacionalidad.

En este sentido, hablamos de “parto culturalmente respetado” o “parto intercultural” para referirnos a una atención sanitaria caracterizada por el respeto a los derechos de madres, padres y recién nacidos, en consonancia con sus prácticas culturales, costumbres, necesidades y deseos, para garantizar así las mejores condiciones de confort y seguridad.

Este concepto de parto se centra en cada embarazada y sus familias, lo que implica una participación activa de la comunidad en la planificación, ejecución y evaluación de la atención sanitaria que considera las prácticas, los valores y la cosmovisión de la población que los recibe para adaptarse a su forma de vida y, así, respetarla.

La participación activa de los integrantes de estas comunidades permitirá la adecuación cultural y mejorar la calidad de los servicios de salud brindados por las instituciones públicas y privadas, de tal forma que sea amigable a sus usuarias sin importar el origen étnico, nacionalidad, color de piel o nivel socioeconómico de la futura madre y su familia.

Las mujeres tienen derecho a conocer sus posibilidades de tomar decisiones sobre la modalidad de parto que prefieren, con quién atenderse, dónde hacerlo, con el apoyo de quiénes, y en qué posición parir. Es decir, el parto debe ser tratado como un proceso natural, con la madre en el centro de la toma de decisiones y sólo se debe intervenir cuando el equipo de salud así lo disponga debido a situaciones de riesgo que lo requieran.

Es por esta razón que, desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, consideramos necesaria la formación de profesionales de la salud, médicos, obstetricias, parteras, equipos de enfermería con un enfoque de derechos humanos y género. Esta tarea incluye poner en el foco de atención los aspectos sociales, interculturales, antropológicos y éticos del parto, así como también en técnicas de comunicación que promuevan un intercambio respetuoso de información entre los efectores de salud, las mujeres embarazadas y sus familias.

Es fundamental tener en cuenta que sumar competencias en salud intercultural e incorporar elementos y prácticas propias de los pueblos indígenas de nuestro país permite no sólo superar brechas culturales y de comunicación, sino también reducir las desigualdades en salud materna e infantil, promover el empoderamiento de las mujeres y su capacidad de decisión y propiciar iniciativas para mejorar la calidad, la calidez, la atención oportuna y el buen trato.

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