El miércoles 4 de mayo se realizó un operativo de la Policía Federal Argentina, luego de una orden de allanamiento librada por el juez Carlos Vera Barros, tras una denuncia que se recibió el viernes pasado a la línea 145, logrando el rescate de dos trabajadores rurales que eran sometidos a explotación laboral en un campo de la localidad santafesina de Las Parejas, a unos 100 kilómetros de Rosario.

El operativo policial se llevó a cabo tras una inspección conjunta realizada por la Dirección Regional Centro del Ministerio de Trabajo de la Nación, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) Santa Fe Sur, en coordinación con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, organismo dirigido por Gustavo Vera.

Todo comenzó luego de una entrevista radial por una acción de rescate similar, llevado a cabo con intervención del Comité en Piñero, localidad de la misma provincia. Al escuchar el relato, una familia se contactó con la radio y fue derivada con personal de inspección del ministerio de Trabajo de Nación. Al arribar al lugar, los inspectores se encontraron no ya con incumplimientos de leyes laborales sino con un matrimonio de adultos mayores que vivía en condiciones de suma precariedad, no se encontraban registrados desde hacía aproximadamente 4 años, y percibían la magra suma de 6 mil pesos mensuales cada uno, por lo que se realizó la denuncia a la línea 145. El Comité de Lucha contra la Trata hizo una ampliación de la denuncia ante la Fiscalía número 1 de Rosario y el juez Vera Barros ordenó el operativo policial. Como resultado del mismo, fueron rescatados los dos trabajadores jubilados que vivían en condiciones infrahumanas.

Las dos personas realizaban tareas de cuidado de la vivienda, de parquizado y jardinería, y recibían maltratos y amenazas por parte de la empleadora que ni siquiera les proveía las herramientas apropiadas para realizar las tareas de cuidado y limpieza, debiendo adquirirlas por sus propios medios.

El lugar en el que se encontraban trabajando las víctimas no contaba con agua potable ni elementos básicos de cuidado y protección personal. La vivienda tenía pisos, paredes y techo sin aislamiento. También se tomó registro de un vagón de carga de ferrocarril antiguo donde anteriormente habrían vivido, según relataron los trabajadores. A pesar de las instalaciones precarias de gas y electricidad, los trabajadores expresaron que durante los dos primeros años también se les descontaba el costo de la energía eléctrica.