Nuevo avance contra la corrupción


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, recibió al titular de la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Drago Kos, para ajustar aspectos vinculados a la lucha argentina contra la corrupción y en el marco de la revisión periódica a la que se somete nuestro país desde que adhirió voluntariamente al tratado.

El grupo de trabajo que encabeza el funcionario eslovaco representa un compromiso legalmente vinculante, por el cual los países que se unen acuerdan establecer en su legislación nacional el delito de cohecho de un servidor público extranjero, e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar el cohecho internacional.

Se trata del primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado oferente, es decir, en la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva. Este enfoque le ha permitido a la OCDE convertirse en la autoridad más destacada contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales.

Garavano ratificó al respecto que “estamos comprometidos con el trabajo que tenemos que hacer en todas las áreas, para poder seguir mejorando un tema tan delicado que la población tiene entre sus prioridades, como lo es el de poder corregir la corrupción”.

En la reunión desarrollada en la sede ministerial estuvieron el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso; y el secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal y también director de Política Criminal, Carlos González Guerra. Completaron el encuentro el coordinador de Asuntos Internacionales, Nazareno Muñoz, y representantes del ministerio de Relaciones Exteriores y oros funcionarios de la Oficina Anticorrupción.

La Argentina trazó un plan de trabajo para analizar y resolver las observaciones planteadas por el organismo internacional, que involucran aspectos legislativos, judiciales y administrativos del Estado. Además se comprometió a redactar un documento, enviarlo a la OCDE y en marzo próximo defender ante la convención qué se hizo para solucionar cada observación.