Hace dos semanas atrás, el 31 de julio, el presidente Mauricio Macri presentó en la Casa de Gobierno el “Plan nacional bianual para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 2018-2020”, que fue elaborado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Desarrollo Social y de Trabajo, que integran el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

Hoy, en Puerto Iguazú, Misiones, se realizó la VIII Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Persona que tuvo como punto destacado la aprobación por parte de los 50 organismos presentes del “plan nacional bianual”.

El plan nacional revisa las instancias de implementación y articulación de las políticas en esta materia, a la vez que profundiza y fortalece las actividades y áreas que hoy dan una respuesta efectiva.

La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, abrió las jornadas acompañada por el vicegobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. La coordinadora del Consejo Federal destacó que “el plan tiene 111 acciones y 35 medidas importantes para prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas y brindar una reparación a las víctimas”.

“Se empieza a mostrar los frutos de una institucionalización que venimos construyendo desde junio de 2016. Hoy se aprobó el plan con todo lo que nos hemos propuesto para dar cumplimiento a la ley contra la trata y trabajar de manera coordinada con las provincias, sus gobiernos, la Procuración General y la Corte Suprema”, explicó la funcionaria.

En la jornada se dispusieron mesas de trabajo en comisiones con la novedad de la primera participación del Consejo Federal de Procuradores de la Nación para delinear las “pautas de allanamientos en los delitos conexos a la trata como el proxenetismo o el trabajo forzado”.

Ayuda a las víctimas

Otro punto destacado de la reunión del Consejo Federal fue la evaluación del proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que crea un fideicomiso para administrar los bienes decomisados provenientes del delito de trata.

El objetivo es que “el fondo sea para la asistencia y reparación para las víctimas de este delito”, explicó Rodríguez.

La iniciativa buscar dar cumplimiento a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas que establece la constitución de un fondo de asistencia directa a las víctimas a partir de los decomisos, y que otorga su administración al Consejo Federal.

El fideicomiso será de orden público: el Consejo Federal de Trata administrará los bienes y el Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación. Rodríguez explicó: “Vamos a generar diálogos con el Poder Judicial para que las investigaciones no sólo tengan foco en el delito penal, sino también en el enriquecimiento ilícito de estas organizaciones”. Se espera que el proyecto sea elevado próximamente al Congreso de la Nación para su discusión.

En esa línea, también se plantea darle publicidad a todos los actos del fideicomiso de dos maneras. Una, a través de la inscripción en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal del Ministerio de Justicia. Y otra, a través de la “transparencia y la publicación de los bienes secuestrados provenientes del delito en una web que administrará el fondo, para que la ciudadanía tenga la información sobre que se hace con cada uno de ellos”, explicaron desde el organismo interinstitucional.

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas es un ámbito permanente de coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la lucha contra la trata. Realiza reuniones rotativas y periódicas con el objetivo de definir líneas de acción y articular dispositivos territoriales para prevenir y combatir el delito de trata y abordar la protección y asistencia a las víctimas. El próximo encuentro se realizará en Mendoza.