“Mi trabajo es adecuar el procedimiento a la discapacidad de la persona”
Un proceso judicial contra una persona con discapacidad no suspende derechos. La antropóloga e intérprete Mabel Remón es la responsable de ADAJUS, un equipo del Ministerio de Justicia que se ocupa de garantizar que rija la equidad en el trato hacia ese grupo humano cuando un miembro atraviesa un conflicto con la ley.
“Me interesan las personas, las historias, las biografías, la investigación en el campo del lenguaje, la relación pensamiento-lenguaje como algo crucial. También la escritura china me apasiona, además de ser una devoradora de libros de ficción”. Así se describe la coordinadora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), Mabel Remón.
Tiene a su cargo un grupo interdisciplinario creado con el objetivo de lograr el efectivo acceso a la Justicia de las personas con discapacidad que afrontan un conflicto con la Ley. Lo define con contundencia: “la discapacidad no puede ser un agravante de la pena”. Tampoco del resto del proceso, es decir, el juicio y el encierro, si lo hay. ADAJUS procura que esas etapas sean adecuadas a los requerimientos del acusado para que las transite con equidad.
El Programa depende de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y está comprendido en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).
-¿Cuál es la tarea principal que realiza el Programa?
-Mi trabajo específico -junto a un equipo interdisciplinario- es la adecuación del procedimiento a la discapacidad de la persona. Para ilustrarlo: una persona con discapacidad motriz que ha cometido algún delito tiene que ser detenida. Tenemos que buscar, junto con el espacio de detención, una adecuación de la accesibilidad física para esa persona. Y que sea fiable en el tiempo. La pena es el encierro. La discapacidad no puede ser un agravante de la pena.
-¿En qué otros momentos se interviene?
-Durante los juicios. ADAJUS se encarga de adecuar todo lo que se necesita para que la persona con discapacidad pueda comprender y participar en todas las instancias de ese juicio. Ya sea como imputado, como víctima o demandante.
-¿Qué tipo de recepción tiene ADAJUS en la sociedad?
-El trabajo que se realiza acá tiene buena repercusión, porque se hace en un equipo integrado por profesionales con y sin discapacidad. Se trabaja en equipos interdisciplinarios, con un psicólogo especialista en discapacidad. Hay una psicóloga que es profesora de educación especial. Hay otra psicóloga especialista en violencia, un psicólogo en discapacidad auditiva e intelectual en cuanto al tema de la comunicación.
En muchos de los casos, nos citan a través de oficios, o intervenimos porque las personas afectadas vienen a pedir auxilio, por su situación económica. Buscamos ofrecerle un patrocinio gratuito e interactuamos con sus abogados. En realidad, auxiliamos a la Justicia, más que a la persona.
-¿Cómo se inicia su experiencia al frente de ADAJUS y dónde se forma como perito Oficial Intérprete?
-En un principio, fui perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante 18 años. Desde ese espacio, como era la única perito en materia de comunicación para las personas con discapacidad, ya sea intelectual o auditiva, actué en tareas que estuvieran en esa línea. Dejé la Corte para trabajar en el Ministerio en 2011. Mi formación fue inicialmente como Técnica superior en Lengua de señas y traducción en formas de comunicación no verbal. Luego, cursé la licenciatura en Comunicación no verbal, que implica también cursar materias de Derecho. Además soy antropóloga.
-¿Cómo se interesa por el lenguaje de señas?
-Fue mi primera lengua. De toda mi familia, soy la única persona oyente. Vengo de una familia de padres y tíos sordos. Pero fue a partir de comprender el sistema de justicia que me interesé en relación de la discapacidad y la justicia. En mi juventud, concurría a la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM), la primera organización que reunía a personas con este tipo de discapacidad, y que todavía sigue vigente.
Comprendí, por experiencias personales en el colegio, que la lengua de señas no era el único medio para las personas con discapacidad auditiva en relación a la incorporación de la normativa social. A partir de allí, todo el enfoque estuvo puesto en cómo se maneja la Justicia en personas con discapacidad auditiva hijas de padres oyentes.
-¿En qué cambia que los padres sean sordos u oyentes?
-Los hijos e hijas de padres sordos tienen otra perspectiva de la Justicia, muy diferente, desde el comienzo. La persona con discapacidad auditiva prelingüística no recibe el “no”, los límites son difusos, los padres no siempre están bien asesorados. Esto no se aprende en la escuela, sino en el lapso que va desde el nacimiento hasta los 3 años. A esta herramienta no todos acceden. La gran mayoría no. Muchos papás, lo vemos con los casos que tenemos, de personas con discapacidad auditiva y otras de otro tipo, pueden comprender conceptos, pero si no los recibieron de niños no los pueden interiorizar durante su vida adulta. Para poder comprender la norma social imperante tiene que haber sido recibido desde pequeño, vía los padres