El Senado de la Nación otorgó la media sanción al Proyecto de Ley que dispone la prórroga al plazo de ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Desarme Voluntario) hasta el 31 de diciembre de 2023.

El Programa fue creado por la Ley N° 26.216, en el año 2007 y, desde entonces, ha sido renovado de manera sucesiva. Su vigencia, durante los últimos 17 años, constituye una de las políticas públicas de desarme voluntario más importantes del Estado.

Consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, brindando la amnistía penal por los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego a los ciudadanos y ciudadanas que desean descartar el material controlado. A cambio, reciben un incentivo económico.

La entrega voluntaria se efectúa en puestos de recepción fijos establecidos a nivel federal y en operativos de puestos móviles previamente comunicados a la ciudadanía. Las armas de fuego y municiones entregadas se registran en la Base de Datos Informatizados del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (BNID-SIGIMAC), posterior a su verificación técnica y la emisión de un acta-comprobante, y son inmediatamente inutilizadas, para luego ser procesadas para su destrucción final.

La prevención de las violencias

“Se logró la prórroga de este programa tan importante conocido como de desarme, pero que en realidad es de recupero de armas irregulares”, sostuvo Martín Rodríguez, senador nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Sur, quien detalló: “Entre el 2007 y el 2020 significó que se recuperen del mercado negro un total de 200 mil armas y más de 2 millones de municiones, todas irregulares”. Estos números reflejan la amplia aceptación que recibió el programa por parte de la ciudadanía.

El resultado efectivo de la política de desarme voluntario es la registración de armas de fuego y demás materiales controlados que se encuentran en circulación en el mercado ilegal, en la comisión de delitos, y en tenencia irregular en los hogares.

Además, esta política incluye la capacitación y concientización de la ciudadanía, de organismos públicos y privados en todo el territorio argentino respecto a los riesgos de uso de armas de fuego, la prevención de las violencias con uso de armas de fuego, y la promoción de la resolución pacífica de los conflictos.

“Es muy importante la aprobación de esta ley porque favorece a la reducción de armas de fuego que circulan en los mercados ilegales, planteó Natasa Loizou, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El proyecto de ley, elaborado por la ANMaC y presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue impulsado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el senador Matías Rodríguez de Tierra del Fuego.

“El desarme voluntario permite que esas armas se registren o se descarten si los ciudadanos y ciudadanas no desean poseer su tenencia", puntualizó la titular de la ANMaC.