La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, se encuentra presente como parte querellante en decenas de causas que investigan y juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Su participación está fundamentada no solo en la responsabilidad del Estado Nacional de cumplir con los compromisos internacionales en materia de memoria, verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos, sino también en la voluntad política de seguir profundizando el juzgamiento a los responsables del período más oscuro de nuestra historia reciente. Desde diciembre de 2019, y con un criterio federal, la Secretaría ha fortalecido su participación en los juicios, al presentarse como querellante en otros 12 nuevos expedientes de sumo interés para el proceso de justicia. Se priorizó así el impulso de causas en las que se investigan la responsabilidad empresarial, delitos de índole sexual, los vuelos de la muerte o hechos emblemáticos para la jurisdicción específica.

Con el fortalecimiento de su rol de querellante en las causas, la Secretaría advirtió la necesidad de activar investigaciones y avanzar en debates orales en diferentes causas que se vieron demoradas durante la gestión de Cambiemos. En los 4 años del gobierno anterior, solo se presentaron 6 querellas y se otorgaron 2 poderes especiales para impulsar causas en las que la persecución penal adquirió características instrumentales.

El Covid-19 y los juicios
Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la SDH ha formulado distintos pedidos a la Justicia para motorizar el avance de las causas y el inicio de los juicios pendientes que quedaron suspendidos luego del 18 de marzo de 2020 en razón del ASPO. Las presentaciones realizadas como querellante en las causas tuvieron en cuenta las experiencias positivas ocurridas en Mar del Plata, con la sentencia en la denominada “megacausa Subzona 15” y en la ciudad de Rosario en la causa caratulada “Feced III”, en las que se dictaron sentencias condenatorias, ya iniciada la pandemia.
Así, se hicieron presentaciones ante el Tribunal que tiene la causa oral por “Brigada de Lanús”, “ex CCD El Infierno de Avellaneda”, la “Causa Klotzman” en Rosario y el juicio por el “Pozo de Banfield y Quilmes” en La Plata.

Entre los juicios que se reiniciaron durante la pandemia —algunos casos con audiencias totalmente remotas y otros de manera presencial, de acuerdo con la fase que atraviesa cada lugar— encontramos, entre otros: “Operativo Independencia II” y “Tartalo”, en TUCUMÁN; “Megacausa Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea”, en MENDOZA; “Mega causa III”, en SAN JUAN; “Contraofensiva”, “Megacausa Campo de Mayo” y “Di Nápoli”, en SAN MARTÍN; “CNU Residual” y “La Cueva III”, en MAR DEL PLATA; “Brigada de San Justo”, en LA PLATA; causa Triple “A”, en BAHÍA BLANCA; y “ESMA IV”, en la CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Además, la Secretaría ha puesto a disposición para el avance de los juicios durante la pandemia todos sus recursos técnicos y humanos especializados. Tanto el Programa Verdad y Justicia, como el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” adaptaron sus procedimientos e implementaron dispositivos de acompañamiento, asegurando los contactos antes e inmediatamente después de la declaración testimonial y el seguimiento de su situación en los días sucesivos. También se mantuvo una articulación permanente con los distintos operadores judiciales, ofreciendo colaboración técnica y material, y facilitando el contacto con las víctimas y testigos de los juicios. Como siempre, el eje de la Secretaría fue contribuir para garantizar el respeto irrestricto de las garantías del debido proceso de los imputados y los derechos de las víctimas, para que también en este contexto, puedan declarar en condiciones seguras y evitando su revictimización.

LAS 12 QUERELLAS

1. La Veloz del Norte. Salta: Se trata de una causa de Responsabilidad empresarial. En julio de 2020, la SDH solicitó ser tomada como querella en el segundo tramo de la causa que investiga el secuestro y tortura de 17 trabajadores de la empresa de transporte La Veloz del Norte, ocurridos en Salta entre 1976 y 1977. La causa sobre la empresa propiedad de Marcos Jacobo Levin constituye una causa emblemática de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. Este tramo investiga la responsabilidad del ex jefe de seguridad de La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, y seis policías provinciales en los procedimientos. De acuerdo al expediente, las víctimas declaran haber sido privadas ilegalmente de su libertad y torturadas en la Seccional 4ta. de esa ciudad con el fin de disciplinar y acallar sus reclamos laborales bajo el pretexto de una causa fraguada. La Secretaría solicitó la imputación de Levin y Grueso como colaboradores necesarios para que se lleve adelante el secuestro y tortura de los trabajadores.

2. Wensceslao Pedernera. La Rioja. El 24 de agosto de 2020, la SDH se presentó con la SDH de la provincia de La Rioja como querellante en la causa al Gendarme Eduardo Abelardo Britos imputado por el asesinato del laico Wenceslao Pedernera, estrecho colaborador Monseñor Enrique Angelelli. La causa tramita en el Juzgado Federal de la provincia de La Rioja, y llevaba años demorada dado que el único acusado estuvo en Paraguay, fue extraditado por una serie de hechos que recién ahora --gracias al trabajo articulado de la SDH y Cancillería-- podrán ser ampliados con el objeto de que sea investigado en la causa.

3. Barreiro-Contraofensiva. Córdoba. El 24 de agosto de 2020, la SDH se presentó como querellante en la denominada Causa Barreiro que Investiga crímenes contra militantes de la llamada Contraofensiva Montonera, que regresaron al país entre agosto de 1979 y septiembre de 1980. Es la primera causa de este tramo de la historia que se investiga en esa provincia, con tres imputados y 5 víctimas.

4. Gómez Miguel Angel. Córdoba. Se trata de delitos de índole Sexual. El 24 de agosto de 2020 la SDH se presentó en la causa Gómez Miguel Ángel y otros iniciada a partir del testimonio sobre violencia sexual brindado por mujeres sobrevivientes del Centro Clandestino de La Perla durante los primeros debates orales en la provincia. Actualmente, la causa reúne diversos crímenes sobre centenares de víctimas y con más de 80 acusados integrantes del Ejército, Policía de la Provincia de Córdoba y el Departamento de Informaciones (D2) por delitos de secuestros, tormentos, delitos contra la integridad sexual y la desaparición forzada de personas. Varios acusados nunca habían sido sometidos a juicio.

5. Alsina Gustavo Adolfo y otros - Unidad Penitenciaria 1 y Tormentos. Córdoba. El 24 de agosto de 2020, la SDH se presentó en la causa que investiga los secuestros de Aybar Fantini, Néstor Manuel y Miguel Ángel Ahumada el día 5 de septiembre de 1975, previos al golpe de marzo de 1976. Fueron detenidos por personal del Departamento de Informaciones Policiales D-2 en el Bar El Ruedo y puestos a disposición del Juzgado Federal n° 2 que les imputó el delito de asociación ilícita e infracción a la ley 20.840. Las detenciones se investigan como delito de privación de la libertad. Las víctimas transitaron distintas dependencias: la D-2, la Unidad N° 1, el SPF y la Unidad Carcelaria de Sierra Chica. Permanecieron en condiciones inhumanas de cautiverio, permanecieron incomunicados, privados de actividades de esparcimiento, con deficiente alimentación, asistencia médica e higiene y, fundamentalmente, sometido a múltiples y continuos tormentos físicos y psíquicos. Uno de los ejes de la causa es el tránsito de los detenidos por la Unidad Penitenciaria 1 San Martín: a diferencia de juicios anteriores que investigaron fusilamientos en este caso se analizan condiciones de confinamiento en clave de extensión de centros clandestinos.

6. Comisaría 13. Córdoba. En la misma fecha, la SDH se presentó en la causa que investiga hechos ocurridos a dos víctimas, Fermín Edmundo López y Aurelio Omar González, secuestrados el 29 de abril de 1976. Aurelio quedó en libertad y Fermín fue trasladado a la Comisaría N° 13 de la Policía de la Provincia de Córdoba y luego al predio denominado La Ribera (CCDT) donde fue interrogado y sometido a torturas físicas y psíquicas, como simulacros de fusilamiento. El 30 de abril del año 1976 fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba perteneciente a distintas fuerzas de seguridad, entre las cuales se ha podido identificar a la Compañía de Policía Militar 141. La causa investiga a 25 imputados cuyas responsabilidades empiezan a ser probadas a partir de relevamiento de documentos que permitieron reconstruir cadena de mandos, entre los nuevos acusados se encuentran los integrantes de la Comisaría 13.

7. El juicio a los jueces. Jujuy. En septiembre de 2020, la SDH se presentó como querellante en la causa que investiga a los ex funcionarios judiciales Néstor Eduardo Meyer, Hugo Mezzena y Mariano Wenceslao Cardozo por delitos sufridos por un centenar de víctimas durante el terrorismo de Estado. El Juez Federal de Salta, Miguel Medina, los procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes, prevaricato, y omisión, retardo o negativa de hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de ella. Además, se consideró que tuvieron participación secundaria en privación ilegítima de la libertad, homicidios, torturas, amenazas, allanamiento ilegal y violación de domicilio. Al ex juez Néstor Eduardo Meyer le atribuyó los mismos delitos, salvo la participación secundaria en homicidios.

8. Personal Civil de Inteligencia. Salta. La SDH se presentó en la causa que investiga la responsabilidad del Jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, ex capitán Ricardo E. Elicabe, en el secuestro y homicidio de Juan José Figueroa Elías. El 21 de octubre de 1977 entre las 18:30 y 20:00 un grupo de personas armadas abordó a la víctima mientras circulaba por la avenida Belgrano n° 1420, de la ciudad de Salta; lo introdujeron por la fuerza en el baúl de un auto y se lo llevaron con rumbo desconocido, sin que se tuvieran noticias sobre su destino final. Elicabe acaba de ser procesado como autor mediato del delito de “privación ilegítima de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas, todo ello en concurso real con homicidio agravado por alevosía, premeditación y por ser cometido por dos o más personas”. El procesamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revirtió la falta de mérito dictada por el juzgado de primera instancia, y apelada por la fiscalía.

9. Vuelos. Concepción del Uruguay. La SDH se presentó en la causa que investiga vuelos de la muerte en la Zona de Villa Paranacito, entre los ríos Uruguay y Paraná. El expediente se inició a partir de la denuncia del periodista Fabián Magnotta de Gualeguaychú y el testimonio de diversos lugareños que vieron lanzamientos de cuerpos desde el aire, tanto sobre cursos de agua como en áreas de vegetación espesa. La fiscal Josefina Minatta tomó declaraciones testimoniales y solicitó documentación. La causa aún no posee víctimas ni imputados, pero resulta indispensable el acompañamiento de la Secretaría para el impulso y colaboración con la investigación. Hasta ahora el Estado no había participado.

10. La Noche del Mimeógrafo – UES. Concepción del Uruguay. La SDH se presentó en la causa que investiga secuestros, privaciones ilegales de la libertad y torturas ocurridas en el CCDT de la Delegación de la Policía Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Las víctimas César Manuel Román Yañez, Roque Eduardo Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodriguez fueron secuestrados en julio del año 1976, llevados a la Delegación de la PFA, sometidos a tormentos y demás condiciones inhumanas de vida hasta ser liberados. . Todos tenían entre 17 y 18 años de edad y eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). En cada allanamiento, las fuerzas buscaban un mimeógrafo utilizado por los estudiantes para realizar y repartir panfletos. La causa tiene dos imputados, ambos ex agentes de la PFA: Julio César Rodríguez alias Manchado y de Luis Oscar Varela.

11. La Quinta. Paraná. La SDH se presentó en la causa que investiga el secuestro de 4 víctimas en diversos momentos de 1976 y 1977, que transitaron la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Policía Caminera, Comisarías y una casa a la que caracterizaron “tipo quinta” donde fueron sometidos a interrogatorios bajo tormentos y que aún no ha sido identificada. Las víctimas fueron Oscar Ismael Sosa, José Horacio Quiroga, Angel Omar Bianchi y Oscar Scapellato. A pesar del paso del tiempo, aún no hay imputados.

12. Destacamento de Inteligencia 122 del Área 222. Paraná. La SDH se presentó en la causa que investiga delitos de lesa humanidad ocurridos en el Área Paraná perteneciente al Segundo Cuerpo del Ejército con vinculación directa del Destacamento de Inteligencia 122 – Área 222 Paraná. Intenta reconstruir el funcionamiento del grupo de Tareas del Destacamento de Inteligencia 122 y establecer la identidad de sus integrantes, a partir de testimonios de numerosas víctimas que mencionaron la presencia de una persona de nombre Ramiro, pertenenciente al Ejército, que aún no ha sido identificada. Para contribuir a la investigación, la SDH presentó un Informe realizado por el Área de Investigación del Programa Verdad y Justicia en noviembre de 2015 que expone el diseño del plan represivo, , hace posible vincular a quienes formaron parte de su estructura y permite analizar participaciones por la ubicación funcional en la estructura operativa.

Otras Intervenciones en Juicios Orales

Campo de Mayo - Vuelos de la Muerte: La SDH se encuentra presentada como querellante en la causa de Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, cuyo comienzo está previsto para el lunes 5 de octubre de 2020 a las 9.30 h ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de San Martín. La causa investiga responsabilidades a raíz del hallazgo de los cuerpos de Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace y Rosa Eugenia Novillo Corvalán encontrados el 25 de noviembre de 1976 en las costas del Río de La Plata, jurisdicción de Magdalena, Verónica y Punta Indio. Y del caso Roberto Ramón Arancibia hallado el 18 de febrero de 1978 en las playas de Las Toninas, provincia de Buenos Aires, datando su muerte de sesenta días antes del hallazgo. El juicio permitirá reconstruir el dispositivo de los vuelos de muerte en Campo de Mayo, consistentes en traslados aéreos de víctimas desde el Batallón de Aviación de Ejército 601 con asiento en la UMCM para ser arrojadas al Río de La Plata o al mar. La instrucción contó con el invalorable aporte testimonial de conscriptos convocados desde el Estado, cuyos relatos permitieron reconstruir la escena final de los crímenes con la caracterización de prácticas y metodologías, horarios, tránsito de camiones y lo que muchos de ellos aún mencionan como vuelos fantasmas. Los testimonios fueron confrontados con documentación de los archivos del Estado a partir de un trabajo conjunto realizado entre el ministerio de Defensa y el Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia en los años previos a diciembre de 2015 y entregados a la Justicia. Entre los imputados están los integrantes del Batallón de Aviación 601. El jefe Luis del Valle Arce y el subjefe Delsis Ángel Malacalza, con facultades de emitir órdenes y tomar decisiones del 11 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1978, período dentro del cual se produjeron los asesinatos y vuelos con el fin de la desaparición de los cuerpos de las víctimas. También está imputado Alberto Luis Devoto, oficial de Personal (S-1) e inteligencia (S-2) del mismo Batallón desde el 7 de diciembre de 1974 y el 15 de octubre de 1976 y Eduardo José María Lance, oficial de Operaciones (S-3) de la misma unidad del 17 de junio de 1976 al 1º de febrero de 1978. Todos imputados junto a Santiago Omar Riveros, jefe máximo de la Zona de Defensa 4.

Chavanne: También se encuentra presente como querellante en la causa que investiga la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi) detenidas en el centro clandestino de detención de la Prisión Militar de Campo de Mayo. Los imputados son el agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti y el entonces presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Juan Alfredo Etchebarne. La causa tenía fecha de inicio de juicio oral, mayo 2020 pero se haya suspendida porque Etchebarne se encuentra sometido a un tratamiento de salud.

Primeros días de La Perla. Córdoba: Se encuentra presente en la causa denominada Diedrichs-Herrera en la provincia de Córdoba que investiga la responsabilidad de 18 imputados sobre 43 víctimas, de las cuales sólo sobrevivieron 9. El juicio acaba de comenzar echará luz sobre el primer período de funcionamiento del Centro Clandestino de La Perla con la puesta en condiciones del dispositivo represivo durante un período con escasos sobrevivientes.