Se juzgarán a 18 imputados, se tratarán los casos de 443 víctimas y declararán unos 400 testigos Este debate oral estaba pautado en un principio para el 5 de mayo pasado —luego de casi una década de haber sido elevado a juicio— y había sido pospuesto por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la primera audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio y las partes pudieron plantear cuestiones preliminares.

Las audiencias de este juicio oral y público se transmitirán en vivo a través de tres canales de acceso libre y abierto: canal de YouTube del Poder Judicial bonaerense, en la web del Centro de Información Judicial (CIJ) o en el canal de YouTube de La Retaguardia. No hay restricciones para ingresar a ellos para su retransmisión, reproducción y difusión.

A este juicio se llegó con querellas unificadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Ambos organismos plantearon al tribunal la alternativa de que el debate oral se lleve a cabo en etapas, de modo que en un principio se incorpore el material probatorio fílmico, el de lectura y se practiquen los testimonios de los testigos que están en otros distritos o en el exterior —cuya declaración remota ya estaba contemplada—.

A fines de septiembre el TOF Nº 1 de La Plata tomó la decisión de unificar las causas de “Los Pozos” con el de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó el centro clandestino conocido como “El Infierno”, y cuyo inicio, pautado para el 7 de septiembre, se había pospuesto por el pedido de un defensor oficial. Finalmente los jueces Walter Venditti, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Eggers tomaron la determinación de unir los debates orales porque se trata de causas conexas que estaban en la misma situación procesal.

La Secretaría de Derechos Humanos realizó para este juicio un análisis sobre la vulnerabilidad de los testigos víctimas que serán llamados a declarar. En ese trabajo, el equipo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos (ex Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia) detectó víctimas que al momento de su detención se desempeñaban como miembros de las policía bonaerense y de la Federal. Esos testigos, justamente por contar con un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema represivo, se encuentran expuestos a un riesgo adicional. También se individualizaron distintos grupos de testigos víctimas vinculados a casos paradigmáticos como los obreros de la empresa SAIAR y del hecho conocido como “La Noche de los Lápices”. En este juicio declararán por primera vez en sede judicial otras 45 personas.

IMPUTADOS Y VÍCTIMAS

Los 18 imputados están acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores. La mayoría han sido condenados por crímenes de lesa humanidad en otras causas.

El listado lo integran: Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés, Jaime Lamont Smart, Federico Minicucci, Antonio Herminio Simón, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández, Enrique Augusto Barre, Eduardo Samuel de Lío, Alberto Julio Candioti, Miguel Angel Ferreyro.

Los sucesos investigados se desarrollaron en la estructura de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Bajo su responsabilidad estaban las brigadas de investigaciones ubicadas en el conurbano bonaerense y en la ciudad de La Plata que funcionaron como centros clandestinos de detención.

Los Pozos de Banfield y Quilmes fueron dos de los más importantes centros clandestinos del denominado “Circuito Camps”, en referencia al jefe de la Policía bonaerense durante los primeros años de la dictadura cívico militar, el general Ramón Camps. El circuito llegó a contar con 29 lugares de detención a lo largo de nueve partidos de la provincia de Buenos Aires. Los CCD estaban vinculados entre sí. Por eso, algunos prisioneros ilegales eran trasladados varias veces de un establecimiento a otro. Además, el personal policial operaba en los distintos centros que integraban el circuito.

En el Pozo de Quilmes operó la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Entre 1975 y enero de 1979 fue centro clandestino y se estima que pasaron por allí unos 250 detenidos desaparecidos, entre ellos más de 30 uruguayos. Es que fue uno de los eslabones de apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. El chalet, ubicado en una zona residencial, fue “depósito de prisioneros”, lugar de obtención de información a través de la tortura y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada secuestrado: el “traslado final” (asesinato) o la “legalización”.

El Pozo de Banfield, en tanto, funcionó como centro clandestino desde noviembre de 1974 hasta fines de 1978. Pasaron por sus paredes unos 300 detenidos desaparecidos, entre otros los adolescentes detenidos durante “La Noche de los Lápices”. Fue, además, la principal maternidad clandestina de la policía bonaerense durante la dictadura cívico-militar: 21 mujeres embarazadas fueron identificadas allí, 15 de ellas permanecen desaparecidas. Al igual que el Pozo de Quilmes, funcionó como un lugar de detención ilegal del Plan Cóndor.

“El Infierno” funcionó en la sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en Avellaneda. Pasaron por allí más de 300 detenidos desaparecidos, entre julio del 1976 y noviembre de 1978. En el juicio se juzgará la responsabilidad de cuatro de los imputados por delitos cometidos contra 62 víctimas.

Hoy los tres ex centros clandestinos de detención y exterminio funcionan como espacios de memoria.

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