Este martes por la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta comenzará a juzgar al empresario Marcos Levin, ex dueño de La Veloz del Norte, por el secuestro y las torturas sufridas por 17 trabajadores de la firma de transporte de pasajeros durante la última dictadura. Junto a él, también están imputados el ex jefe de Personal de la empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario Víctor Hugo Almirón, jefe de la Comisaría Cuarta de Salta.

La audiencia se realizará de manera presencial en los tribunales federales de Salta. Comenzará a las 14.30 y se podrá seguir en vivo en este link.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en el debate y también participa a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas en el acompañamiento de familiares y sobrevivientes.

La causa abarca la detención ilegal y los tormentos contra 17 trabajadores y trabajadoras de La Veloz del Norte que había participado en los conflictos sindicales con la empresa en los años previos: Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.

Los secuestros se produjeron entre el 20 y el 24 de enero de 1977 a partir de una denuncia falsa por estafa presentada por Levín contra sus empleados que fue utilizada para dar cobertura legal a la persecución.

Las víctimas fueron secuestradas en sus hogares y en sus lugares de trabajo, algunos de ellos durante el recorrido que realizaban en los colectivos. Fueron llevados a la Comisaría Cuarta, donde permanecieron varios días y fueron torturados, y desde allí fueron luego liberados o en algunos casos trasladados al Penal de “Villa Las Rosas”. Casi todos fueron luego despedidos.

Los trabajadores relataron que Levín y su jefe de personal, Grueso, estaban en la comisaría mientras eran torturados e interrogados sobre su actividad gremial y política, que la empresa entregó listados de las personas a detener y que aportó vehículos que fueron utilizados para trasladarlos. Señalaron también que el empresario mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local y que varios efectivos trabajaban o habían trabajado para él.

Este es el segundo juicio en el que está acusado Levin. En el primero, realizado en 2016 sólo por el secuestro del delegado Víctor Cobos, fue condenado a 12 años de prisión y fue el primer empresario en ser considerado culpable por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.

Sin embargo, un año después, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal lo absolvió al igual que a los ex policías Victor Bocos, Almirón y Enrique Cardozo por considerar que no constituían delitos de lesa humanidad. Recién cinco años después, en 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó dejar sin efecto el fallo de Casación y que se emita un nuevo pronunciamiento que aún no se produjo.