La guía de buenas prácticas, aplicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a través de la Resolución SRT Nº 67/2021, surge en concordancia con lo dispuesto por la Sindicatura General de la Nación, que impele a los organismos del Estado a que controlen el impacto ambiental que originan sus actividades.

Entre las pautas de política ambiental en las organizaciones del Estado se encuentran la disminución en la generación de residuos mediante técnicas de reutilización y reciclaje, prevenir la contaminación utilizando productos, equipamientos, procedimientos y métodos amigables con el medioambiente y el involucramiento de todo el personal en el cuidado del mismo, entre otras.

Las actividades desarrolladas por la SRT contemplan el uso de recursos, disposición de residuos y condiciones y medio ambiente de trabajo que no producen impactos de índole significativa al ambiente, posibilitando de esta manera la implementación de sistemas de control ambiental integrados al control interno.

En relación a esto último, la normativa dispone que “es necesario definir objetivos y metas en la materia considerando la naturaleza, escala e impactos generados sobre el ambiente de manera cuantificable y mensurable, alineadas con la política ambiental nacional y contemplando la reducción de la contaminación a niveles compatibles con las regulaciones vigentes y el apoyo en los procesos de mejora continua”.