Luego de la reapertura de la causa por la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León durante la última dictadura cívico-militar, la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación (SDHN) solicitó al juzgado federal 2 de San Nicolás que llame a indagatoria a tres ex militares y un civil por su responsabilidad en los hechos.

Los imputados son Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa, quienes integraron la plana mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás; Omar Andrada, quien fue jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, y Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba al conductor de la camioneta contra la que chocó el auto del religioso y era director de la empresa propietaria del vehículo.

Ponce de León era el obispo de San Nicolás y falleció en un supuesto accidente de tránsito en la mañana del 11 de julio de 1977, cuando su auto impactó contra una camioneta en la Ruta 9. El caso se cerró rápidamente y el conductor del otro vehículo, Luis Antonio Martínez, fue condenado por homicidio culposo un año después. Sin embargo, con la vuelta de la democracia, surgieron nuevas pruebas que pusieron en duda que se haya tratado de un accidente, ya que el religioso era víctima de graves amenazas por pedir la liberación de detenidos por razones políticas.

A partir de los pedidos realizados por la fiscalía y la querella de la Secretaría, en febrero de este año la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revirtió una resolución del Juzgado Federal 2 de San Nicolás y resolvió hacer lugar a la reapertura de la causa y que la muerte del obispo se investigue como un crimen de lesa humanidad.

A partir de ese fallo, la Secretaría presentó días atrás el pedido de indagatorias. En el escrito repasó las irregularidades en la investigación original realizada por la justicia bonaerense el año 1977 y las pruebas sobre la persecución y amenazas que sufrió el obispo por la defensa que realizaba en favor de todos los perseguidos por causas políticas, gremiales, sociales o religiosas. Destacó además la investigación del ingeniero Jorge Geretto, quien realizó una pericia clave para la reapertura de la causa en la que reconstruyó la mecánica de los hechos y concluyó que la colisión no fue accidental sino que se habría tratado de un atentado premeditado contra el obispo.

Para la querella de la SDHN, Bossie, Landa y Andrada fueron autores mediatos ya que el Área Militar 132 y la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 estuvieron involucradas en la planificación y ejecución del crimen. En el caso de Bottini, fue imputado como autor directo del homicidio del obispo y de las lesiones que sufrió su acompañante.

A la lista de imputados se debe sumar el conductor de la camioneta, Luis Antonio Martínez, quien ya fue condenado en 1977 por homicidio culposo. La Secretaría consideró que debe ser convocado a declarar una vez que se encuentre firme la anulación de la causa original dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.