Presidencia de la Nación

La Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se reabra la investigación sobre la participación de una espía de la Policía Federal en el secuestro del grupo de la Santa Cruz

A partir de nuevas revelaciones periodísticas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó este miércoles un pedido al juez federal Ariel Lijo, quien instruye la megacausa ESMA, para que desarchive la denuncia sobre la infiltración de una integrante de la Policía Federal en el grupo de familiares que fue secuestrado en la Iglesia de la Santa Cruz durante la última dictadura.


La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en esta causa, solicitó que se profundice la investigación sobre la posible participación de la agente de inteligencia, que era conocida como “Isabelita”, en el secuestro de integrantes de Madres de Plaza de Mayo, de familiares de desaparecidos y de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet en diciembre de 1977.

La mujer ya fue investigada por estos hechos en la megacausa ESMA a partir de una denuncia realizada en 2013 por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, tras el análisis de su legajo. En agosto de 2013, la denuncia fue archivada cuando no se pudo probar su participación en esos operativos represivos.

En la presentación se pidió el desarchivo a partir de nueva información aportada por una nota periodística publicada este martes por el diario Página 12 titulada “La espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y lleva 45 años en la sombra”. Surge de esa publicación que, contrario a lo que en 2013 reconstruyó el juzgado, habría existido una pensión de mujeres en Viamonte 1596 donde la agente habría residido junto a las monjas francesas.

En el escrito se requirió además que se envíe un oficio a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que actualmente realiza un relevamiento de la documentación que produjeron los servicios de inteligencia durante la dictadura cívico-militar, para pedir toda la información relativa a la mujer investigada.

La Secretaría de Derechos Humanos analiza además realizar una presentación en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la causa por el Primer Cuerpo del Ejército, para que se investigue su participación en crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención “Coordinación Federal”, como se conocía la Superintendencia de Seguridad Federal.

La ex espía integraba el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, un órgano de inteligencia secreto que dependía de la Superintendencia de Seguridad Federal y que durante los años del terrorismo de Estado fue clave en la denominada “lucha contra la subversión”.

El equipo de investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría (ex Programa Verdad y Justicia) pudo reconstruir la estructura y funcionamiento del Cuerpo de Informaciones a partir del análisis de los legajos del personal y de declaraciones ante la Justicia de víctimas-sobrevivientes y de ex miembros del organismo.

A partir de ese trabajo, se realizaron cuatro informes que fueron aportados al juzgado entre 2014 y 2017 en los que se concluye que los y las integrantes del Cuerpo de Informaciones participaron de los Grupo de Tareas 1 y 2 del Batallón de Inteligencia del Ejército 601, por lo que fueron parte activa de la maquinaria que ejecutó la represión ilegal.

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