La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sigue impulsando querellas en causas que investigan crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. En las últimas semanas se presentó como querellante en dos expedientes donde se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en las provincias de Chaco y Salta, para que se profundicen las investigaciones. Por otro lado, hubo hubo avances en la causa “La Fronterita”, en Tucumán, donde el mes pasado la SDH fue aceptada para litigar en la justicia federal; y también en “Ford”, ya que la Cámara de Casación fijó para febrero una audiencia para analizar la sentencia.

“Este año volvimos a ser querellantes en una cantidad considerable de causas por delitos de lesa humanidad. Nos propusimos desde el inicio de la gestión tener un rol activo en las investigaciones por los crímenes de la última dictadura, lograr que sean juzgados todos los genocidas y sus cómplices y estar al lado de los sobrevivientes y sus familiares”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

CHACO

Ramón Eduardo Luque y Ricardo Antonio Uferer se encontraban haciendo el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento La Liguria, en Resistencia, Chaco. En junio de 1976, con pocos días de diferencia, fueron secuestrados y trasladados al centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. Allí fueron sometidos a diversos tipos de torturas. En septiembre los llevaron a la Alcaidía policial de la capital chaqueña, donde también les aplicaron tormentos. En 1977, los dos conscriptos fueron trasladados al CCD La Ribera, en Córdoba. En ese lugar permanecieron por cuatro meses y finalmente los regresaron a Resistencia.

Por este caso la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó en febrero pasado a once ex oficiales y suboficiales del Ejército y de la policía provincial de Chaco. Ellos son: Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Juan De la Cruz López, Héctor Rubén Roldán, Aldo Héctor Martínez Segón, Ernesto Jorge Simoni, José Marín, Miguel Ángel Vittorello, Eugenio Acuña, Ricardo Guillermo Reyes y Luis Alberto Patetta.
La mayoría de estos ex militares y ex policías ya están detenidos, condenados por delitos de lesa humanidad en los juicios por las causas de la “Masacre de Margarita Belén” y “Caballero I y II”.

“Siguiendo expresa instrucciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación en estricta concordancia con la política del Estado argentino en materia de derechos humanos, vengo a presentar querella a fin de que se continúe y profundice la investigación en curso y, una vez concluida, se eleve la causa a juicio para saber la verdad histórica de los hechos aquí investigados”, señala el pedido de la SDH.

SALTA

La SDH también requirió ser querellante en la causa “Barros, Yolanda s/denuncia s/privación ilegítima de la libertad”. El expediente 1-376/07 —conocido como “Habeas data”— se inició luego de la declaración testimonial de Yolanda Barros, que relató los hechos en los que ella y su marido, Vicente Baffa Trasci, fueron víctimas en 1976. Ella era estudiante y auxiliar docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y él, rector del Colegio Nacional.

Los detuvo la policía provincial en la calle y los llevaron al Regimiento 141 de Caballería, del Ejército. Luego fueron trasladados a la cárcel de Villa Las Rosas y recuperaron la libertad dos semanas después. Posteriormente, tras la formación de la causa penal para investigar los hechos denunciados, se supo que fueron parte del listado de 46 personas detenidas el 24 de marzo de 1976 que había sido informado por la intervención militar de la provincia como Comunicado N° 6. La querella de la SDH se refiere a los hechos ocurridos a 40 víctimas.

En la causa hay ocho imputados: Luis Dubois, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil, Roberto Rodolfo Arredes, Antonio Saravia, Carlos Alberto Arias, Librado Gamón y Ramón Vivas.

TUCUMÁN

El mes pasado, además, la justicia federal de Tucumán aceptó que la SDH sea querellante en la causa que se lleva adelante en esa provincia por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita. El 3 de diciembre pasado fueron admitidos como amicus curiae el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (European Center for Constitutional and Humand Rights) con sede en Berlin, Alemania.

La causa se encuentra en un momento clave y definitorio, ya que en julio, la Cámara de Apelaciones de Tucumán resolvió la falta de merito a favor de los imputados Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. La organizacion Andhes y el Ministerio Público Fiscal impulsaron todos los recursos ante las instancias correspondientes para lograr revertir esa medida.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si revoca la resolución que dictó la falta de mérito, la cual limita significativamente el proceso al impedir el paso de la causa a juicio oral.

BUENOS AIRES

Por otro lado, la Sala II de Casación llamó a una audiencia para el próximo 24 de febrero para determinar si deja firmes las condenas en el caso “Ford”, cuya sentencia se dictó hace dos años. El 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex militar Santiago Omar Riveros a 15 años de prisión y también a dos ex directivos de la empresa: Pedro Müller, a 10 años, y a Héctor Sibilla a 12 años. Fue la primera condena en Argentina a altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

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