La causa fue iniciada en junio de 2021 a partir de una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz para que los fusilamientos ocurridos en la provincia se investiguen como crímenes de lesa humanidad. En este año y medio, la causa no tuvo avances significativos.

Pese a que pasaron más de 100 años, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron miles de peones rurales que reclamaban por sus derechos permanecen impunes. Como todos los posibles imputados por esos graves crímenes ya fallecieron, la Secretaría solicitó que se realice un juicio por la verdad, como ocurrió recientemente con los hechos de la “Masacre de Napalpí” en Chaco de 1924.

“La obligación del Estado no se agota en la respuesta punitiva, pues se debe garantizar el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda a conocer la verdad de lo sucedido”, sostuvo la Secretaría en el escrito presentado este miércoles.

Los hechos de la “Patagonia rebelde” o “Patagonia trágica” se refieren a la persecución y represión entre 1921 y 1922 contra trabajadores rurales que realizaban protestas en el entonces Territorio Nacional de Santa Cruz.

Luego de varias huelgas en reclamo de aumentos salariales y mínimas condiciones laborales, a fines de 1921 el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, envió una formación del Ejército y Gendarmería para poner fin al conflicto.

En colaboración con civiles y empresarios, distintos destacamentos militares presionaron, persiguieron y atacaron a los peones. Muchos de éstos, que se entregaron al Ejército desarmados, fueron fusilados en las estancias donde trabajaban, como “Anita” y “Bella Vista”, donde se cavaron fosas comunes para enterrarlos. Se produjeron cientos de detenciones, tratos brutales y torturas y se calcula que hasta 1500 huelguistas fueron asesinados.

La Secretaría de Derechos Humanos consideró que los delitos cometidos por el Estado nacional al fusilar colectivamente a un grupo de civiles desarmados, por orden de una autoridad y desde el aparato del Estado, son crímenes de lesa humanidad y deben ser juzgados en el ámbito penal.

Respaldó su pedido en el derecho nacional e internacional, que obliga a investigar, juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. También señaló que rige para las víctimas y sus familiares el derecho a la verdad, para obtener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos, las circunstancias particulares de cada caso, las violaciones de derechos cometidas y su motivación.

Esta presentación se enmarca en una decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de impulsar el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad y la búsqueda de reparación en causas históricas, como las masacres indígenas de Napalpí (1924) y de Rincón Bomba (1947) y los Bombardeos a la Plaza de Mayo de 1955.

El antecedente más importante es el de Napalpí. Por impulso de descendientes y últimos sobrevinientes vivos de la masacre, en 2021 la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Chaco, solicitó la realización del juicio por la verdad, que se concretó entre abril y mayo de este año. Durante el debate, la Secretaría participó de manera activa y aportó una profunda investigación histórica sobre los hechos y los motivos que llevaron al fusilamiento en Chaco de cientos de miembros de las comunidades Moqoit y Qom. Al finalizar las audiencias, la jueza federal Zunilda Niremperger consideró probados los hechos, los declaró crímenes de lesa humanidad y ordenó una serie de medidas reparatorias que tanto el Estado Nacional como el provincial deben cumplir. A tal fin, se puso en marcha una mesa ejecutora de la sentencia que se encuentra trabajando en su implementación.