La causa fue iniciada por la familia del periodista argentino en el Juzgado Federal 1 de Mendoza en el año 2020 ante la falta de impulso de la causa que tramitaba en Bolivia para determinar las circunstancias de la muerte de Sebastián y los presuntos autores.

Días atrás, el secretario Horacio Pietragalla Corti y la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, se reunieron con la familia de Moro, con la abogada que la representa en Argentina y con integrantes de organismos de derechos humanos, y se comprometieron a colaborar para ayudar a esclarecer el caso. Durante el encuentro, la madre y la hermana del joven, Raquel Rochetti y Penélope Moro, manifestaron su preocupación por la falta de respuestas en la investigación penal a cargo de Bolivia; y expresaron la importancia de que la causa en Mendoza pueda avanzar.

En el escrito presentado este martes, la SDH solicitó informes sobre qué medidas de prueba había ordenado el juzgado hasta el momento, sus resultados, y si estaba realizando un seguimiento de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de Bolivia.

En la misma presentación se le informó al juzgado sobre la reciente publicación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en la que se analiza la muerte de Sebastián Moro y las irregularidades en la investigación.

El GIEI-Bolivia, creado a partir de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia para asistir en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado, elaboró un informe en el que se refiere a la ausencia de declaraciones testimoniales y de posibles imputados en el caso y a la posible vinculación de su muerte con el ataque contra la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la cual formaba parte.

Menciona además que no se recogieron pruebas en el lugar donde Sebastián Moro fue encontrado y que no se requirieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de locales próximos a su domicilio, ni se buscaron teléfonos de personas relacionadas con la víctima o con el grupo que cercó y atacó la sede de la CSUTCB. “En los registros del hospital se consigna que la causa de muerte de Sebastián Moro se produce por un AVC (Accidente Vascular Cerebral). Y así como la clínica no informó a la policía del ingreso de Sebastián Moro con las contusiones propias de golpes recibidos, tampoco se realizó autopsia aunque, al tratarse de un posible homicidio, el personal de salud se encontraba obligado a practicarla. A pesar de esto, su cuerpo fue cremado”, agrega el informe.