La Secretaría de Derechos Humanos pide a la oposición que acompañe el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional
Se trata de un proyecto de ley que viene siendo impulsado por el organismo nacional, que está en línea con las recomendaciones recibidas durante la evaluación de la Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, instó a que los legisladores de la oposición habiliten el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que fue incluido por el gobierno dentro de las sesiones extraordinarias y que avanza en dirección a las recomendaciones recibidas por Argentina por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.
Ya a fin del año pasado el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, había instado al tratamiento urgente del proyecto de ley que –según él– podría ser modelo para otros países: “Es necesario que el Proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional, actualmente pendiente en el Congreso de la Nación, se trate y apruebe con celeridad. Este proyecto de ley apunta a establecer un marco más amplio para documentar, registrar, combatir y prevenir la violencia institucional en el país, proporcionar apoyo y reparación a las víctimas y fortalecer con ello el estado de derecho, pudiendo constituirse así en un modelo de buena práctica para otros países”, señaló durante su visita al país.
El proyecto que crea varias herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país. Dispone la creación de centros de denuncias provinciales; garantiza el acceso a la justicia; fija pautas procesales para investigar los hechos; crea un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas; otorga asistencia y reparación económica a las víctimas. Asimismo, establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas, políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.
“Muchos diputados y diputadas de la oposición se muestran constantemente preocupados por los casos de violencia institucional. Ahora les pedimos que den la discusión y acompañen este proyecto de ley porque la violencia institucional es un problema transversal a todas las fuerzas políticas y tenemos que resolverlo”, expresó Horacio Pietragalla, secretario de derechos humanos de la Nación.
“Se trata de un tema que surgió también dentro de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le hizo al Estado argentino hace unos días en Ginebra. Es una irresponsabilidad que con temas tan urgentes para la sociedad, la oposición no quiera ir al recinto y sancionar leyes”, agregó Pietragalla.
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