La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad durante y después del intento de copamiento del cuartel de Monte Chingolo el 23 de diciembre de 1975.

Ese día, miembros del PRT ERP asaltaron el Batallón Depósito de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” del Ejército, ubicado en el partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Se estima que más de 50 personas fueron asesinadas, detenidas ilegalmente y ejecutadas durante el ataque. La represión ilegal continuó después del intento de copamiento y la cifra de víctimas llegaría alrededor de 100, muchas de las cuales continúan desaparecidas.

La presentación se enmarca en el Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que impulsa la Secretaría. El objetivo de la querella es que se profundice la investigación para determinar si en esos hechos hubo violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. También se busca lograr una reconstrucción histórica de lo que sucedió y averiguar el destino final de las víctimas y su identificación, cuando resulte posible.

Si bien la feroz represión desatada en Monte Chingolo ocurrió antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, no se trató de hechos aislados, sino de una práctica global para perseguir, secuestrar, torturar y eliminar opositores políticos en el marco del terrorismo de Estado. En los últimos años ya se realizaron varios juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la dictadura cívico-militar, como la Masacre de Trelew, el Operativo Independencia en Tucumán o los crímenes de la CNU en La Plata.

La Secretaría de Derechos Humanos como parte del Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de asegurar el debido cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. La investigación de estos delitos en un plazo razonable es un derecho de las víctimas y de sus familias y no cumplirlo puede implicar sanciones internacionales para el Estado argentino.

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