Entre ellas, la Secretaría se ha presentado como querellante o como patrocinante ante pedidos de las víctimas y teniendo en cuenta un criterio de litigio estratégico para generar condenas frente a hechos graves que marquen una jurisprudencia y una firme posición de repudio por parte del Estado.

Es necesario aclarar que las intervenciones judiciales como parte querellante en una causa por un hecho de violencia institucional no se dirigen contra ninguna provincia ni contra ninguna fuerza de seguridad. Tienen como objetivo que se investigue, se juzgue y se castigue a las personas individuales que cometieron delitos con el uniforme y el arma que les otorga el Estado.

Además, en materia preventiva, la Secretaría también colabora, junto con las provincias, en la formación a los miembros de las fuerzas de seguridad con perspectiva en derechos humanos y políticas contra la violencia institucional. En ese sentido, ya está iniciada una formación en la provincia de La Rioja y hay conversaciones avanzadas para brindar capacitación en Entre Ríos, Chaco, San Juan y Salta.

Por otra parte, la Secretaría se ha puesto en contacto con todos los gobernadores de las provincias que aún no tienen en funcionamiento su mecanismo local de prevención de la tortura para iniciar un trabajo conjunto que derive en su creación y puesta en marcha; que en algunas provincias ya ha comenzado a implementarse. Y ha comunicado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Mendoza su preocupación por una modificación legislativa regresiva de su Comité contra la Tortura.

Asimismo, la Secretaría ha iniciado consultas a todas las provincias acerca de las herramientas con las que cuentan para recibir denuncias ciudadanas e intervenir en casos de violencia institucional, con el objetivo de promover y colaborar en la construcción de este tipo de espacios de “Centros de Denuncias”. Y a partir de este trabajo, ya se encuentra en proceso de elaboración un Convenio con la provincia de Tierra del Fuego.

Esta decisión forma parte de un acuerdo entre la Nación y las provincias para detener una problemática que se acentuó durante la pandemia y de la convicción de la actual gestión en Derechos Humanos de trabajar activamente en la prevención de los casos de violencia institucional, una de las deudas de la democracia en nuestro país.