Es por eso, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continúa solicitando la realización de los juicios orales que aún no comenzaron, así como la reanudación de aquellas causas que puedan desarrollarse de forma remota.

En este marco, en la causa conocida como “Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes”, en que la Secretaría es querellante -junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires- fue reiterado el pedido efectuado un mes atrás para que se fije fecha de audiencia a efectos de que las partes puedan manifestar sus posiciones. Para ello, es necesario contar con protocolos que permitan llevar adelante de manera rápida, segura y eficaz, un debate oral que garantice los derechos de todas las partes y dé cumplimiento con el deber y responsabilidad internacional que pesa sobre el Estado argentino de investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos contra la humanidad.

Cabe recordar que en esta causa se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en dos ex centros clandestinos de detención emblemáticos en los que se ejerció la represión ilegal, la tortura y la desaparición de personas y por las que serán juzgados militares, policías bonaerenses y personal de inteligencia; entre ellos el ex director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés, el sindicado como jefe del centro clandestino de detención El Pozo de Banfield, Juan Miguel "El nazi" Wolk y el ex segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Enrique Augusto Barre.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompañó los pedidos realizados por el Ministerio Público Fiscal los pasados 22 de mayo y 11 de junio a fin que se lo cite a prestar declaración indagatoria al ex juez Ricardo Lona por la denominada “Masacre de Palomitas”, ocurrida en la provincia de Salta. Esta causa en la que se juzga a Lona por incumplimiento de autoridad y violación al deber de funcionario público, y encubrimiento, fue suspendida tras la presentación de un certificado médico por parte de la defensa en el mes de marzo.

Por otra parte, en la Megacausa que se desarrolla en la provincia de Jujuy y en la que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico militar contra 113 víctimas (38 aún desaparecidas) en el marco de “La Noche del Apagón" y de “Mina Aguilar”, se solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 que se extremen las medidas de control de los imputados para garantizar el adecuado cumplimiento del arresto domiciliario de quienes están siendo juzgados. Vale recordar que este debate, que tiene como imputados ex policías, ex militares y gendarmes, se había iniciado en junio de 2018 y quedó suspendido por la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por último, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará esta semana ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario el "Informe sobre condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos" en la causa conocida como "Klotzman" y por la que se juzgan 29 casos. Los imputados se encuentran acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años y asociación ilícita.

Estas solicitudes se suman a las ya realizadas por la Secretaría en las causas CNU Residual, Área Paraná II, ESMA IV, Brigada de San Justo, Arsenal Zárate – Campana y Contraofensiva y tienen como objetivo reimpulsar los juicios para que la democracia pueda brindarle respuestas a las víctimas de la última dictadura cívico militar en Argentina.