La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mira con preocupación los comunicados emitidos por la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación Argentina de Psiquiatras, en cuanto cuestionan el proceso de reforma del sistema de salud mental de la provincia de Buenos Aires, minimizando las violaciones a los derechos humanos que se producen históricamente en el modelo manicomial de atención.

Esta Secretaría acompaña y apoya el proceso de transformación del sistema de salud mental en base a la plena implementación de la Ley nacional de salud mental N° 26.657, que permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos.

Como ejemplo, podemos señalar las observaciones que nos han formulado los organismos encargados de monitorear su cumplimiento y el Acuerdo de Solución Amistosa en la petición P- 268-10 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso María del Carmen Senem de Buzzi, entre otros.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se producen en las instituciones de internación de salud mental han sido documentadas hace años en el “INFORME VIDAS ARRASADAS: LA SEGREGACIÓN DE LAS PERSONAS EN LOS ASILOS PSIQUIÁTRICOS ARGENTINOS realizado por MENTAL DISABILITY RIGHTS INTERNATIONAL (MDRI) y el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), e incluyen la privación de la libertad sin ningún tipo de garantías judiciales, las institucionalizaciones prolongadas, los abusos sexuales, la mala alimentación, la deficiente atención de la salud y las muertes violentas, muchas de ellas ni siquiera investigadas.

La desaparición de la Dra. Cecilia Giubileo y la trágica muerte del joven Matías Carbonel, ambos en instituciones psiquiátricas, son sólo algunas de las tantas situaciones de graves violaciones de derechos humanos que lo demuestran.

Nuestro país ha recibido observaciones del Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas instándonos a “avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos, e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención (…) que garanticen el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad” y al mismo tiempo ha reconocido los importantes avances que ha realizado en ese sentido la provincia de Buenos Aires.

En abril del 2022, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes realizó una visita a nuestro país y pidió recorrer instituciones de salud mental para brindar recomendaciones tendientes al respeto de los derechos humanos de las personas allí alojadas.

La lucha de Madres, Abuelas y el conjunto de los organismos de derechos humanos de nuestro país contra el Terrorismo de Estado han logrado construir un potente Nunca Más que debemos hacer extensivo a toda forma de violencia institucional en democracia.