Como querellante, la Oficina Anticorrupción (OA) presentó en el día de hoy un escrito con el ofrecimiento de prueba en la causa “Grupo Austral”, en la que se investiga el direccionamiento de la obra pública.

La Oficina solicitó que se llame a declarar a 12 testigos que ya expusieron ante el juez durante la instrucción, pero además pidió que se cite a 45 personas que aún no declararon en esta causa. Entre los nuevos testigos pedidos están: Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Jorge Lanata, Mariana Zuvic, Fernando Sánchez, Nicolás Wiñazki y Leonardo Fariña, entre otros.

Además, la OA pidió que se incorporen al juicio: Informes aportados por la Dirección de Vialidad Nacional; documentación y prueba informativa aportada por entidades estatales y privadas; constancias de otros expedientes judiciales, incorporadas a esta causa; documentación del entramado societario del denominado “Grupo Báez”; operaciones inmobiliarias realizadas por las empresas del grupo, documentación contable e informes aportados por AFIP, entre otras pruebas documentales. También se solicitó la incorporación de publicaciones periodísticas y expedientes administrativos de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros.

En noviembre del año pasado la OA había presentado el requerimiento de elevación a juicio. En ese momento, la Oficina Anticorrupción resaltó que la ex presidenta de la Nación “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”. Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”. De esta forma, el escrito plantea que la ex mandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.

Para la OA, Cristina Fernández es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos.

“Todo el entramado delictivo reseñado pudo concretarse mediante la planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Báez”, advirtió la Oficina. Al respecto, detalla que “el primero de ellos consistió en la formal conversión de Lázaro Báez, quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz con categoría impositiva de monotributista, en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudicatario de las contrataciones de infraestructura del Estado”. En este sentido, la OA había airmado que el 8 de mayo de 2003, pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, Lázaro Báez constituyó la firma “Austral Construcciones S.A.” junto a sus socios Guido Blondeau y Sergio Gotti.

Asimismo, la OA señaló que “como segundo paso para efectivizar el plan delictivo, el ex presidente Kirchner montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza”, mientras que tras asumir la Presidencia de la Nación en 2007 Fernández “mantuvo esa estructura clave de poder”. En esta línea, en el requerimiento de elevación a juicio se aseveró que “como tercer paso para consumar la maniobra disvaliosa, se dotó a la Dirección Nacional de Vialidad de mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios, y luego se delegaron las principales etapas de adjudicación de las obras a la Administración General de Vialidad Provincial”. Y agregó: “Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez”.